El nuevo coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, respaldó la solicitud que la directora del programa Supérate, Gloria Reyes, le hizo esta semana a la Cámara de Cuentas para que realice una auditoría enfocada al manejo de los fondos de esa entidad desde el 2012 hasta la fecha.
Al ser entrevistado en el programa Despierta con CDN, el coordinador del movimiento cívico no partidista pidió al Senado de la República, que aproveche el requerimiento de la funcionaria y ejerza el poder de fiscalización para que la interpele.
“Apoyamos el llamamiento que hace la misma directora del programa Supérate de que se audite la institución; e incluso, entiendo que debe ser interpelada en el Senado. Este organismo, de mayoría oficialista, debería tomarle la palabra, ejercitar ese músculo de fiscalización del Poder Legislativo y someterla a todos los procesos de verificación que garanticen que este tipo de cosas no se repitan”, sostuvo Abreu.
Medidas de austeridad
Por otra parte, el coordinador general de Participación Ciudadana atribuyó a la falta de un régimen sancionatorio el incumplimiento que exhiben los funcionarios públicos a los decretos del Poder Ejecutivo que establecen planes y medidas de austeridad.
Dentro de estas medidas señaló la no adquisición de vehículos nuevos y no uso de vehículos los fines de semana. También, limitaciones en los gastos de viajes y comisiones, compras de boletos económicos, entre otros.
Coordinador de Participación Ciudadana cuestiona prohibiciones a funcionarios sin régimen sancionador
“Llama la atención que se establece un grupo de prohibiciones a los funcionarios, sin definir el régimen de consecuencias. Entonces, no queda claro cuál es la intención o la fuerza que les están poniendo al llamamiento de la prohibición, cuando yo establezco las prohibiciones; pero no dispongo cuáles son las medidas que le van a aplicar a quienes las violentan”, dijo Abreu.
En este sentido, sugirió que en el mismo decreto se establezca que las medidas de austeridad entrarían dentro del ejercicio de sus funciones; y su incumplimiento se califique de falta grave, de acuerdo a la Ley de Función Pública.
“Y la falta grave puede llevar a una destitución, entonces se tendría un marco legal en cuál apoyarse. Cuando comparamos los gastos y vemos que no hay una reducción significativa, parece que son medidas para establecer una percepción en la población por situaciones que afectan sus bolcillos”, argumentó.
Leyes en proceso de modificación
El representante de Participación Ciudadana ve con preocupación el estancamiento que existe con la aprobación de la modificación a varias leyes que se discuten en el Consejo Económico y Social. Dentro de estas señaló la reforma constitucional, la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Extinción de Dominio.
Sin embargo, dijo que le preocupa principalmente el tema de la modificación a la Ley del Régimen Electoral. En este sentido, indicó que el 2023 es un año preelectoral, donde las reglas del juego deben estar claramente establecidas con tiempo suficiente para que los partidos políticos se preparen para su contienda.
Por tanto, hizo un llamado a los partidos políticos para que se integren a la mesa del diálogo y expongan cuáles son sus propuestas.
Consideró como un paso de avance la iniciativa que tiene la Junta Central Electoral de momificación a la Ley de Partidos Políticos; la cual, dijo que tiene facultad para ello.
Dijo que de no aprobarse se podrían repetir todas las debilidades que se presentaron en el pasado proceso electoral; dentro de estos señaló la regulación del financiamiento, los plazos y las confusiones con el tema de los niveles y las circunscripciones.
Por : Ulises de la Cruz
