Caracas, 13 nov (EFE).- El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró hoy como inconstitucional que el presidente,
Nicolás Maduro, siga en su cargo a partir del 10 de enero de 2019, cuando le correspondería iniciar el nuevo período presidencial, y pidió elecciones generales con condiciones democráticas.
El Legislativo hizo esta declaración debido a que consideran como fraudulenta la elección del pasado mayo cuando la mayoría de los
partidos políticos de oposición no participaron por, entre otros motivos, estar inhabilitados y en la que resultó reelegido Maduro.
El documento, que no contó con el voto de dos fracciones opositoras -18 diputados- por, en principio, no tener conocimiento previo del acuerdo, señala que procurarán “junto a la comunidad internacional” una “solución política que conlleve” a “condiciones electorales democráticas, de modo que sean posibles unas elecciones generales”.
Concretamente piden unos comicios en los que puedan participar libremente los inhabilitados y exiliados políticos y con un Consejo Electoral equilibrado, “en fecha y condiciones que garanticen el derecho a elegir de los venezolanos, bajo observación nacional e internacional calificada e independiente”.
Se solicita además la disolución de la “espuria” Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano constituido solo por oficialistas.
Se pide, asimismo, la restitución del Estado de derecho y de los poderes del Parlamento que fue despojado de sus competencias constitucionales, apenas fue electo, por un supuesto desacato al Supremo que ordenó la destitución de tres diputados indígenas por un “fraude” en su elección durante 2015.
El caso del supuesto fraude sigue sin resolverse a casi tres años de la elección parlamentaria y nunca se convocaron nuevos comicios para elegir nuevamente a la representación indígena.
Además, en este acuerdo se exige “la atención urgente” a las necesidades del país, así como la liberación de los presos políticos que cifran en 232 hasta el 4 de noviembre.
El Legislativo señala también que apela a la comunidad internacional para “mantener de manera efectiva y progresiva la presión legítima” sobre el Gobierno.
“Todo ello en procura de una solución a la crisis y la construcción de una transición democrática ordenada e inmediata, sin las cuales ninguno de los problemas que sufre Venezuela tendrá solución”, agrega el texto en el que se afirma que solo la “solución política” hará posible la construcción de un nuevo Gobierno.
La mayoría de las peticiones contenidas en este acuerdo son las mismas demandas que hizo la oposición hace un año cuando acudió a un proceso de diálogo con el Gobierno sin tener éxito.
Los 14 diputados que no avalaron este acuerdo consideran además que este documento es promovido por quienes creen en un diálogo como vía de solución a la crisis, una idea que no comparten, pues aseguran que en el Gobierno no se puede confiar.
Por su parte, la fracción de La Causa R -4 diputados- salvó su voto porque tampoco conocía en detalle el mismo, y señaló que mañana informaran su posición oficial sobre el acuerdo.
