Con retrasos de cinco y tres años en las fechas consignadas legalmente para su ejecución, los pactos Eléctrico y Fiscal han entrado en una especie de limbo, promovido por una actitud de desinterés desde el Gobierno. El primero debía ser iniciado a más tardar en el 2013 y el segundo en el 2015.
Por el pobre desempeño para las dos iniciativas, que implican reformas en sus respectivos sectores , en el país ha surgido la pregunta acerca de qué hará el Gobierno con las reformas pendientes en las áreas eléctrica y fiscal, dos pactos prometidos por la Presidencia para ser firmados en los primeros años de la gestión anterior pero que a casi la mitad de la segunda Administración todavía son proyectos a la espera de ejecución.
Los plazos para acordar dos de los tres grandes pactos planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) aprobada mediante la Ley 1-12 han expirado y desde el Gobierno no se observa mucho dinamismo en acordar con las “fuerzas políticas, económicas y sociales “la ejecución de esos mandatos.
Mandatos de la END
Los tres grandes pactos que ordena la END son el Educativo, el Eléctrico y el Fiscal. El primero fue firmado en abril del 2014. Hasta el momento ha sido el único en ser consensuado y puesto en ejecución.
De los otros dos pactos, el Eléctrico se atascó luego de salir del Consejo Económico y Social (CES), y el Fiscal ni se ha iniciado el debate original, en el seno del CES. El sector privado ha insistido a través de sus principales organizaciones en la conveniencia de firmar primero el pacto eléctrico porque contiene aspectos como el subsidio eléctrico que pueden afectar al tema fiscal.
El pasado martes, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, dijo que es necesario en el país “cerrar proyectos pasados” y concluir la firma del Pacto Eléctrico, que es parte fundamental de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Durante un almuerzo con motivo de celebrar el día de la Empresa Privada, el dirigente empresarial también pidió la aprobación de las leyes electorales. “De nuevo queremos hacer un llamado para que los diversos actores políticos, y en especial los congresistas dominicanos, unan voluntades y le den al país la señal que está esperando en este momento aprobando ambas leyes. Así, finalmente, tendremos un marco legal robusto, que nos permita preservar la estabilidad política a través del tiempo”, sostuvo el presidente del Conep.
Posponen firma
Tras un dilatado y controvertido proceso de discusión en el seno del CES, la propuesta del Pacto Eléctrico fue remitida al Poder Ejecutivo, para que en el Palacio Nacional se realizara la ceremonia de forma. El 20 de diciembre pasado, un día antes de la fecha en la cual se firmaría el pacto, dos de los actores del sector social que participaron en las discusiones, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, dijeron que no firmarían la propuesta, alegando desacuerdo con varios aspectos, entre ellos los relacionados con la generación, distribución y el marco institucional del mercado.
Aunque se aclaró desde el CES que todos los participantes en las discusiones tuvieron la oportunidad de hacer sus observaciones institucionalmente, la firma del pacto fue pospuesta para enero pasado, sin fecha fija, a fin de procurar un compromiso de la clase política. A la fecha, el tema ha entrado en un limbo.
Ralentización eléctrica retrasó el Pacto Fiscal
La inacción del pacto eléctrico tocó al fiscal, pues el Gobierno había dicho a través diferentes funcionarios del área económica y administrativa, y el sector privado lo asumió como bandera, que hasta que no concluyera el pacto eléctrico no se iniciaría la discusión del fiscal. Del pacto fiscal, la END manda en su artículo 36, que en un plazo no mayor de tres años debía iniciar su discusión, iniciando un proceso orientado a reducir la evasión fiscal, elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público.
El Pacto Fiscal tiene las mayores metas macro
Otras metas del Pacto Fiscal serían elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos, racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos, elevar la presión tributaria, para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en la END 2030, cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales, y elevar el ahorro corriente e implementar políticas contracíclicas.
