Santo Domingo. El estudio «Multas por infracciones de tránsito y legislación de seguridad vial en República Dominicana», publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), advierte que la Ley núm. 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no aborda de manera eficiente la realidad social del país frente a este problema.
La investigación del OPD-FUNGLODE revela que, pese a que en la actualidad no se están aplicando las infracciones con los montos establecidos por la Ley núm. 63-17, es decir, de dos a siete salarios mínimos, de hacerlo se podría inducir a malas prácticas al generar mayores incentivos para los sobornos, entre otros factores negativos.
“En 2017 se aprobó, promulgó e inició la implementación de la Ley núm. 63-17, que cambió la estructura y organización, y estableció un régimen de sanción pecuniario con base en salarios mínimos. En principio, la norma no contempló qué sucedería en caso de que se realizara un aumento salarial, hecho que ocurrió en marzo del año en curso y que provocó el incremento de los montos en las multas por infracciones de tránsito”, explica el estudio.
El estudio revela que de 2016 a 2017, el aumento fue de alrededor de 400 %. No obstante, en 2019 con el aumento al salario mínimo del sector público, se duplican los montos cobrados con relación al 2017-2018, representando un aumento de 900 % con relación a los montos previos a la reforma.
La investigación del OPD-FUNGLODE precisa que la intención de la reforma de 2017 al sistema de tránsito y movilidad era dar respuesta efectiva a problemas multifactoriales que afectan al país, tales como los accidentes de tránsito, el congestionamiento vial y las deficiencias del transporte, mediante un conjunto de modificaciones en el sistema que permitiera de forma integral solucionar estos problemas.
Sin embargo, el estudio establece que la actual discusión se ha centrado en el debate por el costo de las multas de tránsito, obviando otras debilidades de la Ley núm. 63-17, como los límites de velocidad, el uso del casco protector y la seguridad de infantes dentro de los vehículos, entre otras.
“La reforma de Ley núm. 63-17 no cumplió con todos los estándares internacionales establecidos para este sector. A pesar de esto, uno de los temas más discutidos fue el monto de las multas, que pasaron a ser acumulaciones del valor nominal del salario mínimo del sector público, en vez de fracciones de este, como preveía la Ley núm. 12-07”, precisa el estudio.
Otro aspecto que aborda el estudio realizado por la Unidad de Poder Legislativo del OPD-FUNGLODE es que los fondos obtenidos por concepto de infracciones a la Ley núm. 63-17, que tan solo en 2018 ascendieron a más de 241 millones de pesos, no son reinvertidos totalmente en el sistema y dejan fuera de la distribución de estos fondos a las autoridades locales, planes y estrategias de salud pública, desarrollo de infraestructuras, entre otros ámbitos que se hacen necesarios para la solución real del problema.
La investigación destaca que la Ley núm. 63-17 también se promulgó debido a la necesidad nacional de disminuir los accidentes de tránsito en el país, que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se mantiene como el segundo país de América Latina con mayor tasa de mortalidad en accidentes de tránsito desde hace varios años, registrándose más de 1,000 accidentes de tránsito por año en los últimos cinco años. Las motocicletas son el medio de transporte más propenso a estos siniestros, con un 67.1% de las muertes registradas en choques de tránsito solo en 2017.
Asimismo, la investigación indica que durante los últimos cinco años se emitieron en promedio cerca de 700,000 multas anuales. Durante 2018, las contravenciones de tránsito dictaminadas por la DIGESETT fueron más de 900,000 en todo el país, con una tendencia al alza bastante marcada. Las infracciones más comunes ocurrieron por la falta del casco protector en ciclistas, usuarios y conductores de motocicletas.
“Que se haya aumentado la colocación de multas de tránsito luego de la entrada en vigor de la Ley núm. 63-17 no implica, necesariamente, una reducción de los accidentes de tránsito en el país, por lo que es conveniente redirigir la discusión sobre la efectividad de su aplicación a otros aspectos que no sean las contravenciones”, recomienda la investigación del OPD-FUNGLODE.
El informe puntualiza que a pesar de los avances realizados en la reforma de 2017, aún es necesario seguir desarrollando el sistema para aumentar la eficiencia de la legislación. Una reducción de los montos cobrados por las multas puede ser factible, teniendo en cuenta no eliminar su efecto disuasorio al establecer montos exageradamente bajos.
La investigación del OPD-FUNGLODE indica que en la actualidad, debido a que algunos sectores nacionales se han manifestado en desacuerdo por los altos montos de las multas de tránsito, en la Cámara de Diputados se han sometido dos iniciativas que buscan la modificación a la Ley núm. 63-17 para reducir los montos cobrados por infracciones de tránsitos.
Estas piezas legislativas se encuentran actualmente en la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicaciones de ese órgano legislativo, y persiguen establecer las contravenciones entre los $700.00 y $2,500.00 pesos o el 75% del salario mínimo actual, situación que podría aprovecharse para replantear otros aspectos importantes en los que falla esta ley, agrega el informe.
