Lima.- El nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva presentado contra la líder opositora peruana Keiko Fujimori en una investigación por presunto lavado de activos vinculado con la empresa Odebrecht se decidirá a inicios de enero próximo, anunció este jueves el juez a cargo del caso.
El magistrado Víctor Zúñiga, encargado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Crimen Organizado, determinó que las audiencias se celebrarán el 28 y 30 de diciembre, y el 2 y 3 de enero próximo, por lo que antes de esa última fecha no se conocerá una resolución.
Zúñiga había programado para este jueves la primera vista de la solicitud presentada por el fiscal José Domingo Pérez después de que Fujimori fuera liberada, tras pasada 13 meses en prisión preventiva, el pasado 29 de noviembre en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional (TC).
Sin embargo, el magistrado aceptó postergar la audiencia inicial para este sábado después de recibir un pedido en ese sentido del fiscal Pérez, quien admitió que en los últimos días incorporó nuevos documentos que aún deben ser analizados por la defensa de Fujimori.
LAS POSICIONES DE LAS PARTES
Al abandonar el tribunal, Pérez declaró a periodistas que se advirtió “que los elementos de convicción, las pruebas, no fueron alcanzadas en su integridad a la defensa de Keiko Fujimori”.
“En ese sentido, para evitar cualquier tema de nulidad posterior, hemos convenido con la defensa, y el juez lo ha entendido así, para que se pueda señalar una nueva fecha”, reiteró.
Precisamente, al inicio de la audiencia, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, había señalado que no se le notificaron todos los elementos del pedido fiscal, por lo que el juez Zúñiga ordenó que de inmediato le entreguen copias de los nuevos documentos.
KEIKO AUSENTE
Poco antes, Keiko Fujimori anunció en Twitter que no asistiría al tribunal para no ser “parte del show que los fiscales quieren repetir” y remarcó que su presencia no era obligatoria y sería representada por su abogada.
“No voy a someter a mis hijas a la misma angustia de verme sentada ahí escuchando los argumentos repetitivos que la Fiscalía ha vuelto a presentar a pesar de que ya fueron desechados por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional”, sostuvo.
La semana pasada, la líder del partido Fuerza Popular anunció que hará “una pausa” en sus actividades políticas para afrontar las investigaciones que se le siguen.
LAS NUEVAS EVIDENCIAS
Pérez señala que existen hasta 140 nuevos elementos que sustentan su pedido de prisión preventiva y que Fujimori puede recibir una condena de 24 años y 10 meses de prisión, ya que ha sumado al delito de lavado de activos, los de asociación ilícita, organización criminal y falsa declaración y fraude procesal.
Entre los nuevos elementos figuran el testimonio del empresario Jorge Yoshiyama, quien afirma que Fujimori sí conocía que Odebrecht aportó un millón de dólares a su campaña electoral de 2011, y las declaraciones de grandes empresarios peruanos que señalaron que le dieron millonarias donaciones en 2011 y 2016.
Además, el expresidente del Congreso Daniel Salaverry también dijo que Fujimori hizo coordinaciones con el ex juez supremo César Hinostroza y con el fiscal Pedro Chávarry, acusados de presuntos vínculos con una red de corrupción en la Judicatura.
Por su parte, el empresario Antonio Camayo declaró a los fiscales que la líder opositora sí es la “señora K” que mencionó en un audio grabado por la Policía cuando coordinaba por teléfono una reunión en su casa entre Fujimori y el entonces juez Hinostroza.
UN NUEVO CASO
Esta semana, el Procurador Anticorrupción Amado Enco denunció a Fujimori ante la Fiscalía por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, por sus supuestas tratativas con Hinostroza.
El procurador señaló que Fujimori buscó influencias en la Judicatura mediante el ex juez supremo, quien actualmente permanece en España a la espera de ser extraditado a Perú, para intentar revertir la investigación de sus campañas electorales.
Enco basó su denuncia en las declaraciones de Antonio Camayo y de Daniel Salaverry, y pidió incluir en la investigación a los legisladores fujimoristas Miguel Torres y Héctor Becerril, actuales integrantes de la Comisión Permanente del Congreso que fue disuelto a fines de septiembre pasado por el presidente Martín Vizcarra.
