Santo Domingo.-El Ministerio Público aún no deposita la solicitud de medida de coerción contra el coronel policial Ramón Antonio Guzmán Peralta y el técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado, quienes según las autoridades son colaboradores de los supuestos autores del fallo al sistema de voto automatizado, el pasado 16 de febrero.
El órgano judicial indicó este jueves que la orden de arresto fue emitida ayer (miércoles) y por lo tanto, están dentro del plazo de 48 horas para depositar la solicitud ante un juez.
Sin embargo, ambos hombres están detenidos desde el pasado lunes.
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La información de que las órdenes de arresto fueron emitidas ayer fue comunicada por la directora de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República, Julieta Tejada.
Ayer en la noche el coronel policial Ramón Antonio Guzmán Peralta, jefe de la avanzada del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader, y el técnico de Claro Manuel Antonio Regalado fueron trasladados hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecen detenidos.
En ese sentido, los abogados del coronel calificaron anoche como negación de derecho y una burla al sistema de justicia la decisión del Ministerio Público de mantener en prisión a su defendido, luego de vencido el plazo de 48 horas para que una persona bajo investigación policial sea puesta en libertad o sometida judicialmente.
Antoliano Peralta y Luis Soto adelantaron que fijaron un hábeas corpus en favor del coronel a fin de que un juez le restituya sus derechos vulnerados.
Dijeron que el plazo se venció ayer a las 5 de la tarde, por lo que se presentaron a esa hora para que el oficial les fuera entregado, o presentado ante el juez.
Explicaron que la justificación que tiene el Ministerio Público “para ese abuso” es que hay una nueva orden de arresto, lo cual es un acto arbitrario y violatorio de la ley.
“Ya son las 9:30 de la noche y no se le pone en libertad ni es presentado ante el juez para su sometimiento a la justicia”, afirmaron.
Aseguraron que tal decisión violenta los derechos del coronel, porque además de que no existe ninguna razón válida para que él permanezca preso, tampoco hay una justificación legal
“El hecho de dejar sin efecto una orden de arresto, después de dos días de presa una persona, y volver a enganchar con otra orden de arresto implica una violación a los derechos fundamentales y una burla a la ley”, precisaron.
“Es obvio que estamos ante una estratagema política para encubrir a los verdaderos autores del sabotaje al proceso electoral, lo que queda evidenciado con las torpes declaraciones del relacionador público de la policía cuando dice que el coronel y el técnico son cómplices de un hecho que no tiene autores visibles.
