Santiago.- El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, planteó aquí que para enfrentar los desafíos de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el país está obligado a llegar a un gran contrato social para transformar el Estado y recobrar la confianza de la ciudadanía.
En la conferencia “Desafíos: Crecimiento económico, reducción de pobreza y regionalización”, dictada en el Edificio Empresarial, Santana expresó que ese consenso incluye una transformación de la gestión pública que apunte a la rendición de cuentas y a mejorar la calidad del uso de los recursos fiscales.
Sólo así, apuntó, se conseguirá un país más cohesionado, donde los ricos tengan el ambiente adecuado para desarrollar y disfrutar su riqueza y donde los pobres no se sientan desprotegidos y encuentren oportunidades de superación.
“Un país donde la clase media pueda sentirse tranquila, segura y orgullosa de vivir en una sociedad más justa, con instituciones más funcionales y transparentes. Y donde todos se sientan con iguales derechos y seguros de estar amparados por las leyes e instituciones”, manifestó.
Santana, quien habló a casa llena y fue ampliamente aplaudido, firmó en ese mismo escenario un convenio de gestión interinstitucional de apoyo a los planes estratégico de Santiago y de desarrollo de la provincia Espaillat 2030.
El ministro rubricó el acuerdo con los presidentes del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, Juan Carlos Ortiz Abreu, y del Plan de Desarrollo de la provincia Espaillat, Andrés Diloné Ovalles; el presidente del Concejo de Regidores de Santiago, Luis José Estévez, y como testigo de honor la gobernadora provincial, Aura Toribio.
Al acto asistieron 15 alcaldes de la región, líderes empresariales, dirigentes comunitarios y funcionarios municipales y del Gobierno.
En la conferencia, el funcionario precisó que está claro que la negociación de un pacto fiscal será un proceso de dar y pedir, en el que se debe transmitir a la ciudadanía la idea de un compromiso de eficiencia y racionalidad en la administración de los recursos.
“En nuestro caso existe una creciente convicción de que la gobernabilidad política y la estabilidad macroeconómica de los próximos años estarán supeditadas a que la sociedad pueda acordar un pacto fiscal”, apuntó.
Entre las tareas pendientes para ese clima de confianza, citó desmontar un grupo de instituciones que ya perdieron su razón de ser o generan dispersión en la gestión pública, poner orden en el sistema de remuneraciones en los poderes estatales y bajar el nivel de la deuda pública.
