Las 38 personas vinculadas a una red de ciberdelito, desmantelada durante la operación Discovery, ejecutaron sofisticados planes para engañar a estadounidenses y robarles su dinero, sin tener piedad con nadie,  ha establecido el Ministerio Público durante sus investigaciones.

El órgano acusador dice que los imputados, que presuntamente se lucraron con más de 100 millones de dólares, conformaron varios centros de llamadas que operaban por separado, pero relacionados entre sí, a cuyos espacios le denominaron los “cubículos del terror”.

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En la solicitud de medida de coerción contra los  35 hombres y tres mujeres apresados, el Ministerio Público indica que estos se dedicaban a estafar y extorsionar a las personas a quienes les  informaban de manera engañosa una situación de emergencia, dramáticas escenas de accidentes y hechos de sangre, y, además, ejercían presión psicológica, para  que al colocarlos en un momento de desesperación solo piensen en resolver el problema, y rápidamente accedan a transferir altas sumas de dinero a la estructura criminal.

También indican  que ofrecían falsos seguros médicos y tarjetas de crédito con el objetivo de obtener su dinero.

Su perfil, precisan las autoridades, eran personas mayores de 60 años ya retirados y vulnerables. Dice que también se dedicaron al lavado el dinero, a usurpar funciones de abogados y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), para darle apariencia real a sus estafas, además de  portar armas ilegales de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares.

Creaban preocupación a las víctimas

Un ejemplo que pone el Ministerio Público para determinar que los imputados no tenían piedad para quién afectar, es que a una señora con discapacidad, que se encontraba en sillas de ruedas, la estafaron por la suma de 20 mil dólares.

Otro ejemplo de que los alegados estafadores creaban preocupación y alarma entre las víctimas es que, una de las mujeres de la limpieza de los “call center”, dijo el Ministerio Público, expresó que “a veces escucho a los chicos como si estuviera llorando”.

Además de esto, continúa detallando, realizaban videollamadas, y ponían carteles de la Policía de California detrás de la persona que fingía ser agente policial.

Para realizar las estafas mediante los “call centers” los imputados supuestamente redireccionaban las llamadas de larga distancia y simulaban un código de área americano.

Además, habías puestos claves, uno de ellos era “el abridor”,  que es el operador clandestino, que se encarga de abrir el camino hacia las víctimas, a través de la captación de su atención y obtención de información personal, por medio de la maniobra.

“El cerrador”, tenía inglés fluido y habilidades para el convencimiento a través de la palabra, toda vez, que, dice el Ministerio Público,  dentro de su propio guión toma el control de la conversación, limitando a la víctima a dos cosas: contestar su requerimiento y a depositar las altas sumas de dinero, con lo cual se configura los tipos penales de la extorsión y la estafa.

Por otro lado, “el supervisor”, era la persona que monitorea a los abridores y cerradores para que contacten a más víctimas y poder lograr un mayor número de estafas, y las metas propuestas por el líder de la organización, haciendo las veces de cerradores por el nivel de experiencia y de jerarquía dentro la organización.

El órgano acusador, que ha solicitado la imposición de prisión preventiva contra los 38 imputados, ha establecido que los millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como la estafa internacional y el tráfico de armas, colocaron al sistema financiero nacional a través de empresas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones, teleservicios, teleatención, inmobiliarias, empresas de elaboración y venta de puertas y ventanas y renta de vehículos, servicios de transporte de personas, intermediario de ventas de vehículos, servicios de tracking vía GPA, servicios de chofer personalizado, a través de la producción de música y video del género urbano, dealers, vehículos de lujo, fincas, prendas cotosas (relojes, cadenas), entre otros.

Las autoridades han identificado como líder de la organización a Genaro Antonio Hernández (a) Moreno K5, y como sus aliados a Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (a) Dari y/o Darimán. Por igual, han determinado que algunos de los implicados en la red son deportados de los Estados  Unidos, otros tienen antecedentes penales en el país, así como su  vinculación constante a individuos que se dedican a la venta de drogas. La medida de coerción se conocerá el lunes.

 

 Por Rosmery de León/Miguel Ponce