Santo Domingo.- El Ministerio de la Mujer entiende que la penalización absoluta del aborto es un grave problema social, de salud pública y de violencia contra las mujeres, que afecta fundamentalmente a las más pobres y las que están situación de alta vulnerabilidad y violencia.
Es por eso que valora como muy positivo el apoyo del Presidente de la República Luis Abinader Corona a la aprobación de las tres causales: cuando la vida de la mujer corre peligro, en caso de violación e incesto y cuando hay malformación del feto incompatible con la vida clínicamente comprobable.
“El Presidente Luis Abinader Corona, hizo el compromiso de un gobierno del cambio, el cual empieza por dar respuesta a los problemas en un contexto de institucionalidad y respeto a los derechos y a la salud de las mujeres, sin aplazarlos. Existen suficientes evidencias que indican que la penalización absoluta del aborto, no contribuye a disminuir su ocurrencia, razón por la cual las tasas más altas son justamente en los países con leyes más restrictivas, como es nuestro caso”, señala Mayra Jiménez, ministra de la Mujer.
Se estima que en República Dominicana, cada año, aproximadamente 25.000 mujeres, adolescentes y niñas son atendidas por complicaciones vinculadas con abortos espontáneos o inducidos, causando entre el 8 % y 13% de las muertes maternas, según datos del Ministerio de Salud Pública.
“Estamos ante un problema de salud y de derechos. Como gobierno debemos asumir la responsabilidad de dar una respuesta, no seguir postergando la decisión”, agregó Jiménez, quien citó la “Encuesta de Opinión Pública” realizada en junio de 2018, la cual evidencia, que el 79% de las personas encuestadas consideran que el aborto no debería estar penalizado cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo, el 76% cuando el embarazo no es viable y el 67% cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto.
El Ministerio de la Mujer considera que como gobierno y desde todas las instancias hay que enfocarse en trabajar para asegurar el acceso universal a métodos anticonceptivos modernos, ofrecer educación en salud integral, así como en fomentar una cultura de paternidad responsable y en trabajar en el impulso de políticas públicas, para eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas, prevenir los embarazos adolescentes, así como fortalecer la protección social a las mujeres embarazadas y la atención a la primera infancia.
