Las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde conocen la medida de coercion contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán y los tres detenidos en la Operación Coral , se encuentra militarizada.
Agentes del Ejército se encuentran apostados en la entrada y alrededores del edificio mientras la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, conoce la vista.
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Regularmente para custodiar el Palacio de Justicia envían agentes de la Policía antimotines, sin embargo, en esta ocasión son del Ejército de la República Dominicana.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre, mayor general del Ejército y exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep); la pastora Rossy, al cabo policial Tanner Flete Guzmán, al coronel Rafael Núñez de Aza y al teniente coronel Raúl Alejandro Girón, de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo a las investigaciones que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del patrimonio público.
Para crear la red criminal, y desviar el dinero público, Cáceres Silvestre supuestamente constituyó un entramado junto a la pastora Rossy, quien era, además, asimilada de la Policía Nacional y los demás imputados para distraer dinero del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
El desvío de los fondos, indican las pesquisas, consistía en lo siguiente: distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia.
Y además, alegadamente Cáceres Silvestre nombró a cientos de policías y militares en el Cestur y el Cusep y les asignaba sueldos de entre los RD$20 mil y RD$70 mil mensuales, pero estos debían entregarle hasta el 80 % del monto. Estaban en la nómina pero no trabajaban.
Los fiscales anticorrupción establecieron que a pesar del cambio del gobierno, el mayor general y su socia la pastora Rossy seguían haciendo operaciones ilícitas para desviar fondos públicos de instituciones castrenses.
Según la Pepca, estos continuaban recibiendo dinero producto de las maniobras fraudulentas, debido a que colocaron de forma estratégica personas que pertenecen a la red que le responden, además de las acciones de distracción del dinero, a evitar que evidencias importantes para las investigaciones que realiza el órgano acusador lleguen a sus manos.
Por ejemplo, detallan en la solicitud de medida de coerción, que en febrero de este año 2021, lograron obtener de forma ilícita del Cestur RD$1,271,100.
Supuestamente este dinero fue distribuido entre Cáceres Silvestre, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, programador de nóminas del Cestur e imputado en este caso; y el ex subjefe de la Policía Nacional, Neybi Pérez Feliz (que no fue apresado), a quien le entregaron RD$ 100,000.00
