Actualmente el 87 por ciento de los casos penales a nivel nacional son llevados por los defensores públicos, quienes asisten gratuitamente a las personas de escasos recursos en conflicto con la ley.
Así lo informó este martes el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, quien explicó que con relación a los casos de los niños, niñas y adolescentes, asisten en el 100 por ciento de los procesos.
Al ser entrevistado en Despierta con CDN, Valentín indicó que la Defensa Pública es un órgano de carácter constitucional con autonomía administrativa, funcional y financiera, creado para representar a la persona que no tiene con qué pagar un abogado privado, desde que son detenidas o perseguidas y que en muchos de los casos que tiene logran que los imputados sean absueltos por no haber cometido los hechos o por no haber las suficientes pruebas para condenarlos.
“No solamente tenemos ganancia de causa cuando una persona es absuelta o descargada, si la condena oscila entre cinco y 20 años y podemos lograr cinco años, entonces tenemos ganancia de causa”, precisó.
El jurista también destacó que cuando una persona es detenida, imputada y acusada, impera la presunción de inocencia hasta tanto se declare culpable a través de una sentencia de un tribunal.
Dice gobiernos han invisibilIzado la Defensa Pública
Pero para todo el trabajo que tienen, dijo Valentín, no es suficiente el presupuesto que le asigna el Estado, pues solo cuenta con poco más de 200 defensores públicos y hacen falta abrir unas ocho oficinas a nivel nacional para poder garantizar el debido proceso y que no se violen los derechos de las personas procesadas. “La Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia, pero todos los gobiernos han invisibilIzado la Oficina Nacional de Defensa Pública”, expresó.
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública explicó que en todos los Estados existen este tipo de instituciones, y agregó, que para que haya un equilibrio en el sistema de derecho, debe existir una defensa pública.
“Quiero que sepan, si tenemos un estado social y democrático, la Defensa Pública existen en todos los Estados, en todos el mundo, entonces para que haya un equilibrio en el sistema de derecho necesariamente debe existir una defensa pública, porque si yo pago impuestos para que la Procuraduría General de la República persiga, detenga, acuse, encarcele a personas, entonces el Estado debe también tener una institución que a esas personas de escasos recursos pueda asistirle y verla a los fines de garantizar el debido proceso y las garantías que establece la Constitución de la República”, manifestó.
Sobre la carga de trabajo, puso como ejemplo que en el 2017, la Defensa Pública recibió 3,500 casos por abandono de abogados privados. Informó que un defensor público diariamente conoce hasta cinco años y su salario, que depende de la categoría en que se encuentre, oscila entre 79 mil pesos y 99 mil pesos.
“Pero es poco lo que gana un defensor público mensual para la cantidad de casos que lleva, un defensor público fácilmente lleva cinco casos diarios. Por lo poco que ganan cuando abre concurso el Poder Judicial o el Ministerio Público tenemos una migración de defensores públicos a esos órganos”, dijo.
Valentín recordó que antes del 2004, no exista la Oficina Nacional de Defensa Pública, sino que solo había abogados de oficios, profesión que también desempeñó, y recibían los casos cuando ya estaban en juicio de fondo, después de pasar todo el proceso de investigación, la etapa intermedia, lo que era una violación a los derechos de los imputados.
“Imagínense ustedes la violación de derechos que exista en esa etapa del proceso, entonces para que pueda existir una defensa pública que garantice la aplicación de las garantías que establece la Constitución de la Republica, entonces debió crearse la oficina nacional de defensa pública”, indicó.
Viendo hacia atrás, Valentín explicó que es a raíz de la reforma del código procesal penal que el Estado se vio en la obligación de que exista una defensa pública que pueda asistir desde que la persona sea detenida o perseguida
“Con el código anterior no teníamos ninguno de los principios que establece el Código Procesal Penal en sus primeros 28 artículos y para poder ejecutar este código, que se publicó en el 2004, era necesario que existiera una oficina nacional de defensa pública”, sostuvo.
Dijo que hasta el 2010, la Oficina Nacional de Defensa Pública pertenecía al Poder Judicial, y es a partir de ahí que adquiere la autonomía administrativa, funcional y financiera.
