Del total de las solicitudes, el 43 % fueron hechas por mujeres y el 57 % por hombres, mientras que el 48 % se realizó en Santiago y el 52 % en el resto del país, según el último balance de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El trámite, que se realiza mayoritariamente de forma telemática durante las dos primeras semanas, puede suponer la salida de 19.000 millones de dólares de esos fondos de previsión social.
Se trata de la tercera retirada que aprueba Chile, después de las de julio y diciembre, que supusieron entre las dos un desembolso de más de 37.000 millones de dólares, según la Superintendencia de Pensiones.
Alrededor de tres millones de los 11 millones de pensionistas ya no disponían en febrero de ahorros para una tercera retirada del 10 % debido a las dos operaciones anteriores, de acuerdo al ente regulador.
Este era uno de los argumentos que el Gobierno esgrimió para oponerse frontalmente al proyecto y la razón por la que ingresaron un proyecto, que se comenzó a debatir este lunes en el Parlamento y que busca entregar un bono de 200.000 pesos (280 dólares) para quienes se hayan quedado sin fondos.
Las retiradas generan polémica: mientras que los detractores señalan que suponen una forma de hipotecar el futuro de los contribuyentes, los defensores opinan que la pandemia está durando más de lo previsto y que los 18.000 millones de dólares en ayudas anunciadas por el Gobierno chileno “no están llegando a la gente”.
Pese a ser uno de los países con más población vacunada del mundo, Chile atraviesa el peor momento de una segunda ola de covid-19 que obligó a imponer confinamientos totales y que está suponiendo el final de miles de negocios que habían logrado salvarse del encierro de 2020, año en el que el producto interno bruto (PIB) sufrió una caída del 5,8 %.
El modelo de pensiones chileno, implantado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y pionero en la región en establecer la capitalización individual, es ampliamente criticado por las irrisorias jubilaciones que ofrece y los millonarios beneficios de las empresas privadas que gestionan los fondos. EFE
