Panamá, 12 jun (EFE).- El expresidente panameño Ricardo Martinelli salió este miércoles de la cárcel en la que estuvo un año y pasó a un arresto domiciliario pendiente de apelaciones tanto de la Fiscalía, que alega un peligro de fuga para no enfrentar el juicio por espionaje político y peculado, como la propia defensa, que busca su libertad.
Martinelli, de 67 años y quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, llegó temprano esta mañana a su residencia ubicada en una acomodada zona de la Ciudad de Panamá, luego de que el tribunal ordenó esta madrugada “el cese de la medida de detención provisional” que cumplía desde el 11 de junio de 2018 en la cárcel El Renacer.
A esa prisión de mínima seguridad fue trasladado apenas llegó extraditado por Estados Unidos, donde estuvo detenido un año en una cárcel federal mientras batallaba contra su entrega a la Justicia panameña para encarar el juicio por el caso conocido como “pinchazos”, por el que la Fiscalía pide 21 años de castigo.
Los jueces que constituyen el tribunal de juicio, Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara, deliberaron por unas 11 horas para llegar a la decisión de sacar de la prisión a Martinelli aceptando el argumento presentado el martes por la defensa: que la ley panameña establece que una persona no puede estar en detención preventiva en una cárcel por más de un año.
El tribunal asimismo ordenó para Martinelli las medidas cautelares de “depósito (arresto) domiciliario, impedimento de salida del país, entrega de sus pasaportes, y prohibición de tener cualquier tipo de comunicación con medios de comunicación, entrevistas y uso de redes sociales”.
La defensa, que ya antes había pedido varias veces sin éxito la liberación del expresidente, tildó de triunfo parcial la resolución del tribunal y anunció que apelará algunas de las medidas, como la de arresto domiciliario, que considera “exagerada”.
También la Fiscalía, que insiste en que existe un peligro de fuga, anunció una apelación, lo mismo que los querellantes, de acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial, que informó de que la audiencia para resolver esos recursos tendrá lugar el próximo viernes a las 10:00 hora local (15:00 GMT).
Uno de los querellantes en el proceso y presunta víctima de las interceptaciones ilegales, el veterano político Mitchell Doens, tildó de “nefasta” la decisión del tribunal, al que acusó de dar un “manejo chapucero” al juicio a Martinelli y plagarlo de errores técnico-jurídicos.
Uno de los fallos señalados por Doens durante una conversación con Acan-Efe es que el tribunal de juicio no “tenía la competencia para haber hecho un cambio de medida cautelar”, lo que, añadió, “permitirían una serie de acciones” en contra de su decisión, entre ellos “uno de amparo de garantías”.
Doens, un exministro y miembro del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), coincidió con la Fiscalía en que existe el peligro de que Martinelli se vaya de Panamá.
“El fue un prófugo de la justicia, por eso fue solicitado en extradición y con esta nueva situación tiene más facilidades de huir del país”, afirmó Doens, un enconado crítico de Martinelli.
El expresidente se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que el Supremo abrió la primera de cerca de una decena de causas en su contra, alegando una “persecución política” liderada por su sucesor en el poder y antiguo vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela.
Para el experto constitucionalista Ernesto Cedeño, el tribunal de juicio ha actuado en “cumplimento de unas garantías procesales” establecidas en el sistema judicial del país y que son para el beneficio de “todos los panameños”, no solo de Martinelli.
“No se puede estar detenido en una cárcel durante más de un año”, recordó Cedeño en entrevista con Acan-Efe este miércoles, y valoró que lo único que habría podido evitar la excarcelación del expresidente era que la Fiscalía demostrara el peligro de fuga o amenazas proferidas por Martinelli contra la integridad de alguna persona, lo que a todas luces no ocurrió.
Sobre las apelaciones que se resolverán el próximo viernes, el experto constitucionalista opinó que la misma “norma garantista” aplicada este miércoles por el tribunal “no establece la libertad absoluta”, como pide la defensa, y habrá que esperar a ver si los querellantes o la Fiscalía logran probar el peligro de fuga o el argumento que presenten en su intento por anular la decisión de los jueces. EFE
