El Manifiesto Ciudadano para Un Sistema Electoral Transparente propuso ayer a la Junta Central Electoral (JCE) enviar de urgencia un proyecto de ley que transitoriamente permita el voto en el exterior por correo postal u otra modalidad no presencial para el 5 de julio.
Mediante un documento enviado al Pleno de la JCE, el Manifiesto, compuesto por varias organizaciones de la sociedad civil, señaló que esta propuesta surge solo para el caso en que los compatriotas en el exterior no puedan desplazarse a recintos electorales por restricciones de los Estados donde vaya a ejercer su derecho al sufragio, pues entiende que no debe contemplarse escenario alguno en que se prescinda del voto dominicano en el extranjero, que no solo representa casi el 10% de los inscritos en el padrón electoral y que constituyen pilares esenciales de la economía nacional, sino que con sus votos se eligen siete (7) de los diputados que integran la Cámara de Diputados.
En la comunicación, señala que tras el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), ahora más que nunca se precisa el acompañamiento, respaldo y fortalecimiento de la credibilidad y confianza de la Junta Central Electoral para robustecer su fragmentada imagen, pues dicho organismo internacional tipifica de incompetente y negligente la actuación de la JCE en las suspendidas elecciones municipales de febrero de este año.
Sostiene que, sin embargo, en honor a la justicia también debe enfatizarse que las elecciones extraordinarias de marzo transcurrieron con absoluta transparencia y normalidad. “En estas últimas se produjo cierto nivel de acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales y una loable integración ciudadana como observadores de escrutinios y como voluntarios denunciantes de irregularidades y replicadores de una efectiva campaña de concientización”, apunta.
El Manifiesto Ciudadano hizo una serie de propuestas a la JCE de cara a los comicios extraordinarios del 5 de julio, dentro de las cuales está preparar el protocolo de todas medidas detalladas de higiene y distanciamiento social que aplicará en los recintos de votación y en las juntas municipales.
Solicitan que reabrir los plazos de alianzas y coaliciones para permitir que partidos minoritarios se unan entre si o a partidos con mayores posibilidades, de forma tal que se simplifique el escrutinio y se motive una solución en primera vuelta electoral.
También reforzar y hacer más riguroso el control de las encuestas, ya que en ausencia de trabajos de campo y el posible relajamiento de los rigores metodológicos de las mismas, es previsible la ausencia de encuestadoras confiables lo que hace propicio el escenario para la manipulación y la generación de falsas percepciones.
Considera que una vez sea abierta la campaña electoral, la JCE debe controlar las informaciones sanitarias para que no sean usadas como mecanismos de propagación de pánico y fomento de la abstención.
Plantea que debe fortalecerse al extremo el control y las auditorias de los fondos en campaña, para evitar el uso de los fondos públicos o de origen ilícito con fines electoreros y aplicar sanciones administrativas y medidas cautelares drásticas y ejemplarizantes por parte de la JCE a quienes incurran en lo que podría ser catalogado como crimen de lesa humanidad de distraer recursos del Estado, necesarios para la crisis humanitaria, para favorecer candidaturas y apetencias particulares. Esto aplica no solo al gobierno central sino también a nivel municipal.
En ese mismo tenor, indica, será esencial que la JCE aporte toda la colaboración y los elementos de prueba requeridos para que la Procuradora Adjunta encargada de la persecución de los delitos electorales procese penalmente y sin contemplaciones a todos los incurran en ilícitos penales electorales.
Otro aspecto que señala el documento es que la sustitución del procurador General de la Republica “sería altamente recomendable en este contexto para dotar de la imprescindible credibilidad a ese órgano público, esencial en la transparencia y el régimen de consecuencias en todos los ámbitos nacionales, incluyendo en materia electoral. Esto reviste mayor importancia luego de que organismos de investigación bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República se prestaron a hacer cuestionables investigaciones de un alegado sabotaje a las elecciones de febrero de este año, el cual ha quedado descartado por el informe de la OEA.”.
Tambien comenzar una campaña de concientización de la importancia del voto a pesar de la crisis sanitaria para preservar la institucionalidad democrática y no agravar con otra crisis más la situación del país.
Pide que se establezcan condiciones equitativas de acceso a medios de comunicación que será la única modalidad posible de hacer campaña, además de que la misma JCE cree las plataformas tecnológicas y ofrezca el asesoramiento técnico necesario para que todos los candidatos que lo requieran accedan a los medios digitales en igualdad de oportunidad.
De igual forma, sugiere que se garantice que en los medios de comunicación del Estado se tengan espacios a disposición de los partidos y candidatos de manera equitativa.
