Sao Paulo, 8 ago (EFE).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, ha intensificado la lucha por su libertad después de paralizar en la Corte Suprema su traslado a una cárcel común, y busca ahora un resultado favorable de un habeas corpus pendiente de análisis en ese tribunal.
El exmandatario, en prisión desde hace un año y cuatro meses en Curitiba (sur de Brasil), confía en el impulso mediático de su triunfo el miércoles en el Supremo para calentar las calles -que han ido perdiendo fuerza desde su detención- y aumentar así la presión social y política sobre los magistrados de la máxima corte.
De hecho, había convocada una protesta en favor del exgobernante este jueves en Sao Paulo que finalmente se ha cancelado después de la suspensión de su transferencia.
El encarcelamiento de Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, fue objeto el miércoles de un nuevo embate judicial, como ya ocurrió en julio y diciembre de 2018, cuando diferentes jueces le abrieron las puertas de la cárcel en decisiones que acabaron siendo anuladas in extremis.
Esta vez el motivo del embrollo fue su traslado desde Curitiba, donde cumple una pena de 8 años y 10 meses por corrupción y lavado de dinero en la sede de la Policía Federal, a una prisión común en el interior del estado de Sao Paulo.
La jueza de primera instancia Carolina Lebbos, encargada de la ejecución de su pena, autorizó el cambio y para ello arguyó los trastornos ocasionados debido a la presencia de simpatizantes de Lula acampados en Curitiba desde su ingreso en prisión.
Lebbos ya negó la salida de la cárcel del expresidente en enero pasado para asistir al entierro de su hermano, que finalmente autorizó sobre la hora el Supremo, ante lo que Lula desistió de acudir, aunque luego sí le dejó ir al funeral de su nieto en marzo.
Después de la decisión de Lebbos sobre el traslado, el magistrado Paulo Eduardo de Almeida dio luz verde al mismo desde Sao Paulo y ordenó su internamiento en la cárcel de Tremembé, conocida por albergar a varios de los delincuentes más mediáticos del país.
Para entonces, la defensa ya había recurrido de urgencia al Tribunal Supremo para paralizarlo.
De manera inesperada, el asunto se coló en el pleno de la Cámara de los Diputados, en medio de los debates sobre la reforma de las pensiones planteada por el Gobierno de Jair Bolsonaro.
Parlamentarios de unos 12 partidos de izquierda y centro, encabezados por el Partido de los Trabajadores (PT), que Lula lidera desde la cárcel, se reunieron entonces con el presidente del Supremo, el juez José Antonio Dias Toffoli.
En una decisión sorprendente, el magistrado incluyó en el orden del día del plenario el análisis del recurso de la defensa de Lula para suspender el traslado.
La audiencia se despachó en pocos minutos. Diez magistrados frente a uno votaron a favor de mantener a Lula, de 73 años, en su celda “especial” -por su condición de expresidente- de la Superintendencia de la Policía Federal, en Curitiba.
“Hay cosas mayores que nos unen en la democracia. Esta es la primera victoria de otras muchas que vendrán”, expresó la presidenta del PT, la diputada Gleisi Hoffmann, al agradecer el apoyo de otros colegas en la causa.
Hoffmann y los abogados de Lula confían ahora en la resolución, en el corto plazo, del “habeas corpus” pendiente de análisis en el Supremo, que ya negó otros anteriormente al ex jefe de Estado.
En este se cuestiona la actuación de Sergio Moro, el juez que le condenó en primera instancia y hoy es ministro de Justicia en el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.
La Segunda Sala del Supremo pospuso en junio pasado su decisión sobre ese recurso que espera definir a lo largo de este segundo semestre.
Las dudas sobre Moro han aumentado en las últimas semanas desde la divulgación de mensajes que el exjuez intercambió con fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato que llevó a Lula a prisión.
Esas conversaciones, mantenidas vía Telegram y publicadas por el portal The Intercept, especulan que Moro coordinó, supuestamente de forma ilegal, los trabajos de los fiscales anticorrupción y ponen en duda su imparcialidad al frente de las investigaciones relacionadas con la tentacular operación de corrupción conocida como Lava Jato.
En caso de que se mantenga su encarcelamiento, la defensa de Lula también aguarda la resolución del recurso interpuesto en el Tribunal Superior de Justicia -tercera instancia- para que pase de régimen cerrado a abierto.
Sin embargo, las ansias de libertad de Lula, que acumula un total de nueve procesos abiertos en la Justicia por presunta corrupción, se pueden ver truncadas en caso de que un tribunal de apelación confirme la segunda condena a 12 años y 11 meses de cárcel que recibió en otro caso relacionado con la Lava Jato, algo que podría ocurrir este mismo año. EFE
