La propuesta de establecer horarios diferidos para empleados públicos y privados, incluida la entrada a los centros educativos, volvería a ser tema de debate de plantearse como una solución alternativa al congestionamiento vehicular en la mesa del diálogo nacional.
La iniciativa que concitó el apoyo mediático del sector público y captó la atención de la opinión publica en el período 2016-2017, será “desempolvada” y presentada una vez más ante la Presidencia de la República por su propulsor José Miguel Fernández, hoy miembro de la comisión ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES).
La propuesta será presentada en el marco de las discusiones para la transformación del transporte: una de las trece reformas contempladas en el pacto nacional, la cual busca crear un sistema de movilidad urbana e interurbana moderno y conseguir una colectivización del transporte que descongestione el tránsito y que sea útil para todos los ciudadanos.
Desde su paso por la presidencia del Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia (Codait), Fernández ha propuesto el establecimiento de horarios diferidos unido a la colectivización del transporte a modo de mitigar los temidos embotellamientos vehiculares en horas pico.
Ahora, como delegado de la comisión ejecutiva en representación del sector laboral en el CES, Fernández rescatará su planteamiento, que fue objeto de estudio en seminarios auspiciados incluso por el Ministerio de la Administración Pública (MAP) en su momento.
“Ahora estamos trabajando en la metodología para la organización y el desarrollo del diálogo para las 13 reformas que hasta ahora están aprobadas y dentro de las mesas de trabajo necesariamente vamos a proponer que haya una mesa que trate el tema del tránsito, el transporte y la seguridad vial”, sostuvo.
Según la iniciativa, la jornada en el sector privado iniciaría a partir de las 9:00 a.m. y concluiría de 4:00 a 5:00 de la tarde.
Mientras en el sector público comenzaría desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Para aquellas instituciones de servicios primarios y recurrentes establece dos horarios.
La propuesta también consideró la implementación del teletrabajo antes de que la pandemia empujara a establecerlo como norma en los meses más álgidos de la covid-19.
“El sector público como privado tienen que establecer mecanismos para que los empleados puedan realizar trabajo a distancia y de esa manera reducir el flujo de peatones y vehículos”, dijo Fernández a elCaribe.
Puntos de la reforma del transporte
La reforma del sector transporte propuesta por el Gobierno contempla elaborar e implementar los reglamentos que se establecen en la ley 63-17 así como la puesta en marcha del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Asimismo, busca instaurar un sistema integrado de transporte público (SITP) de bajas emisiones para el Gran Santo Domingo. Además, persigue la estructuración de sistema integrado de tarifa para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
De manera puntual, establece la elaboración de estudios para definir las características de las inversiones en infraestructura de la red integrada (ampliación Metro, Corredor 27 de Febrero y el diseño de corredores BRT en Santo Domingo). Contempla el apoyo a la implementación de corredores de buses y sustitución de conchos en 9 corredores (Av. Núñez de Cáceres, Av. Churchill, Av. Lincoln, Av. Charles de Gaulle).
Incluye, además, la evaluación y diseños para el sistema de transporte masivo en Santiago. De igual modo, la reforma plantea la estructuración terminal multimodal y la electrificación de corredores de buses OMSA.
Iniciativa contempla alianzas pública-privada
¿Por qué la iniciativa no tuvo éxito?, pregunta elCaribe. “Se presentó una propuesta muy viable a la Presidencia de la República de la pasada gestión y lamentablemente la engavetaron en el Ministerio de la Presidencia”, contestó. De lo ocurrido tiene una opinión muy particular. “Parece ser que el Gobierno de entonces estaba obteniendo jugosos beneficios con los impuestos de los hidrocarburos”, concluye. El documento que recoge su planteamiento propone además el establecimiento de alianzas publica-privada para colectivizar el transporte escolar y el de los servidores públicos a los fines de reducir la circulación de miles de vehículos en un mismo horario que inciden en la problemática del congestionamiento del tránsito.
