La Habana- El principal impulsor de la marcha cívica opositora en Cuba del lunes 15 de noviembre. Yunior García Aguilera. Denunció que la Seguridad del Estado le ha amenazado con encarcelarlo si insiste en realizar una caminata previa en solitario el domingo en demanda de derechos políticos.
En una conversación telefónica con el canal CNN. El joven dramaturgo dijo que agentes del órgano de inteligencia y contrainteligencia de Cuba lo interrogaron y le advirtieron de que no le van a permitir marchar ese día.
“Ni siquiera de la forma en que lo he anunciado: en solitario portando una rosa blanca por una calle céntrica habanera”. Agregó el miembro de la plataforma opositora Archipiélago.
García Aguilera comunicó la víspera su intención de caminar solo “en silencio” a las tres de la tarde por la avenida de 23 en el céntrico barrio del Vedado hasta el icónico malecón capitalino como un acto de “responsabilidad” y no de “heroísmo”.
El joven, uno de los arrestados el 11 de julio cuando estallaron las masivas protestas antigubernamentales. Reiteró hoy que la respuesta de la seguridad del Estado es una confirmación de que “estamos viviendo en una dictadura”.
Afortunadamente. Añadió. Hay alrededor de 100 ciudades del mundo en que los cubanos podrán marchar y defender el derecho a manifestarse sin poner en peligro a nadie.
Archipiélago solicitó marchar el 15 de noviembre y recibió la negativa del Gobierno que la considera “ilícita” y apegada a un guión de “cambio de régimen” contra Cuba. Al tiempo que acusa a EE.UU. de financiar y organizar la marcha.
Ante la respuesta de los opositores de seguir con la convocatoria. La Fiscalía advirtió con procesos penales.
La marcha se ha convocado en un escenario difícil en Cuba. Que atraviesa una fuerte crisis económica reflejada en largas colas para comprar alimentos y productos básicos. Así como una creciente inflación y apagones.
El Gobierno cubano atribuye estos problemas al embargo financiero y comercial de EE.UU. Endurecido en la pasada Administración de Donald Trump.
En Cuba los derechos de huelga y manifestación raramente se contemplan fuera de las instituciones estatales y nunca se ha autorizado un acto opositor al Gobierno.
