San Juan de la Maguana. Un grupo de inmigrantes irregulares haitianos es deportado de República Dominicana por el paso de Dajabón; en cuestión de semanas, como un efecto mariposa, el precio del arroz con habichuelas está más caro en los mercados de Santo Domingo.
El nexo entre estos dos sucesos sin aparente relación de causalidad entre sí resulta muy evidente para los agricultores de la provincia de San Juan (oeste), una de las principales zonas agrícolas del país caribeño.
Y es que en estos valles fértiles a los pies de la Cordillera Central, nueve de cada diez trabajadores rurales son haitianos, y la mayoría de ellos carece de papeles, por lo que son blanco fácil de las campañas de deportación de inmigrantes irregulares.
Las deportaciones y la pandemia
En lo que va de año, 6.162 haitianos han sido deportados a su país, según estadísticas oficiales dominicanas.
La disponibilidad de mano de obra se ha visto afectada más si cabe porque desde 2020 más de 200.000 haitianos regresaron voluntariamente a su país debido a la pandemia, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“Este año ha habido mucha dificultad con la mano de obra y eso contribuye a que haya problemas para la recolección y para las diferentes labores”, afirma a Efe el agricultor Agustín Báez.
Este productor rural calcula que sus costes de producción han subido entre el 20 % y el 25 % este año por la escasez de trabajadores, un problema que ha afectado principalmente a las hortalizas y las habichuelas, cultivos que requieren más mano de obra.
En algunos casos, los agricultores han asumido los incrementos de los costes, para evitar más presión inflacionaria en los precios de los alimentos, que han subido en los últimos meses por factores climáticos y también por el encarecimiento de los fertilizantes y de otros insumos.
Báez asegura que antes era fácil conseguir 100 hombres para trabajar, ahora tiene que desplazarse a otros pueblos para encontrar “a cuatro o cinco obreros” en un día.
Sudor haitiano, sabor dominicano
La mano de obra haitiana se ha convertido en “imprescindible” en San Juan, para reemplazar a los miles de dominicanos que han emigrado a la ciudad y a otros miles que han abandonado el campo por otras actividades más lucrativas, dice el director de la Asociación de Productores Agrícolas del Valle de San Juan, Manuel Matos.
Un vistazo a cualquier campo del entorno de San Juan corrobora esta afirmación. En una plantación de guandules en el distrito de Pedro Corto solo se ve haitianos; en un campo de batata cercano hay una veintena de haitianos por tres dominicanos: el patrón, su hijo y un labrador que conduce dos bueyes con un azadón.
En la finca de Rufino Pérez, 22 haitianos trabajan en la campaña de la cebolla, hoy les toca retirar la maleza a mano y tareas de fumigación.
Este agricultor explica que cuando las autoridades de Migración “se llevan a todos” los trabajadores, a él le ataca la maleza, la producción baja y “a veces” la cosecha “se queda abandonada porque no hay gente para sacarla”.
Una ley de papel mojado
El Código Laboral obliga a reservar el 80% de los puestos de trabajo para los dominicanos en cualquier empresa, pero la situación que se vive en el campo dominicano -y en el sector de la construcción- esta norma es papel mojado.
“No más del 3-4 % (de los trabajadores rurales) son dominicanos, aquí y en el resto del país. No podemos ponernos una venda frente a una realidad. Vamos a asumir la realidad y buscarle soluciones”, propone Manuel Matos.
El director de la Dirección General de Migración (DGM), Enrique García, afirma a Efe que “hasta ahora no se ha contemplado” la posibilidad de cambiar la norma de reserva del 80% del empleo para los dominicanos.
Sin embargo, adelanta que está prevista para este mes una reunión del Consejo Nacional de Migración, en la que se analizarán las necesidades de mano de obra extranjera en la agricultura y en la construcción.
Papeles caros
El campo dominicano tampoco cumple el requisito de regularizar a los inmigrantes, con la única excepción de las plantaciones de banano, que están obligadas a contratar mano de obra por cauces legales en virtud de un convenio de exportación con la Unión Europea.
Para regularizarse, los trabajadores extranjeros deben pagar unos 300 dólares al año, un valor que supone “prácticamente una ganga”, en palabras del responsable de Migración.
No opinan lo mismo los labradores haitianos, que ganan alrededor de 500 pesos (unos 8,7 dólares) por cada día de trabajo.
