San Juan, 27 oct (EFE).- El Centro Para Una Nueva Gobernanza (CPUNG), entidad sin fines de lucro nacida tras la dimisión del exgobernador Ricardo Rosselló el pasado verano, anunció el lanzamiento del Programa Vigilantes AntiCorrupción (PVA), mecanismo creado para denunciar corrupción dentro del Gobierno de Puerto Rico.

La CPUNG informó este domingo a través de un comunicado de que se trata de una iniciativa de la Asamblea de Pueblo San Juan-Placita Roosevelt (ADPSJ-PR) que tiene como objetivo combatir la corrupción en el Gobierno, dada la dificultad que supone hacer frente a este problema desde dentro del Ejecutivo y sus agencias públicas.

La entidad señala además que cuando los casos de corrupción gubernamental se denuncian por parte de funcionarios finalizan “tapados” por el sistema de complicidad existente en el seno de las agencias.

La fundadora del CPUNG, Heidie Rosado, señaló a Efe que la iniciativa servirá para que actos de corrupción salgan a la luz dada la dificultad para hacer frente el problema desde el interior del Gobierno.

Rosado explicó que los denunciantes podrán, a través de la dirección en internet de CPUNG y de forma anónima, dar a conocer situaciones de corrupción en la isla.

“Queremos dar más información sobre la corrupción”, indicó Rosado, quien tuvo un puesto de confianza durante los mandatos de los gobernadores Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló, que terminaría abandonando, como denuncia a causa de la corrupción que no fue capaz de aceptar.

Rosado indicó que ahora los empleados gubernamentales, de forma anónima y sin riesgo de represalias, podrán dirigir a la CPUNG los casos de corrupción de los que sean testigos.

“En los casos que afecten a asuntos estatales nos encargaremos de denunciarlo a través de los medios de comunicación, mientras que si afectan a normativa federal se llevarán ante las autoridades estadounidenses”, dijo Rosado.

Resaltó que los problemas de corrupción en el Gobierno y las agencias estatales no es algo nuevo para ella, ya que trabajo en el Departamento de Desarrollo Económico, donde se enfrentó en persona al problema.

Dijo que allí se le pidió que fuera cómplice de un acto de corrupción, a lo que se negó, lo que supuso su salida, por iniciativa propia, de la agencia.

“Creo que el puertorriqueño quiere hacer bien las cosas, pero hay represalias”, destacó.

El Programa Vigilantes AntiCorrupción, según detalló, crea un espacio confidencial, seguro y protegido para que, tanto servidores públicos como ciudadanos, puedan denunciar y brindar información que se pueda corroborar e investigar con miras a que ningún acto de corrupción en el Gobierno quede impune.

A través del programa, quienes alcen su voz contra la corrupción recibirán orientación legal y apoyo emocional.

“Durante décadas, el Gobierno de Puerto Rico ha silenciado los casos de corrupción cometidos por distintas administraciones. Ellos mismos -el Gobierno- se protegen y toman represalias contra los empleados o ciudadanos que intentamos señalar o visibilizar la corrupción en el país”, destacó.

“Mientras el Gobierno controle el foro para delatar, el pueblo de Puerto Rico no tendrá justicia social, progreso, ni desarrollo económico y nuestros índices de pobreza y desigualdad continuarán en aumento”, subrayó Rosado

Junto a Rosado colaboran con el programa un grupo de ciudadanos comprometidos, entre ellos psicólogos, abogados y trabajadores sociales que brindarán sus servicios de manera gratuita.

“Además, ya se han unido a esta iniciativa dos entidades no gubernamentales con vasta experiencia en investigaciones sobre corrupción. Asimismo, estamos haciendo las gestiones para presentar la información e investigaciones sobre actos de corrupción con fondos federales a los foros correspondientes para que ningún acto quede impune”, añadió.

La identidad del vigilante antiCorrupción estará protegida en todo momento a menos que la persona desee comunicarlo públicamente.

El PVA recomienda y requiere que el vigilante antiCorrupción abra una cuenta de correo electrónico para establecer la comunicación con el programa y denunciar, ya sea el acto o sospechas de corrupción. EFE

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