Economistas y políticos advierten que es un contrasentido subir impuestos en medio de crisis y miran hacia Colombia
El tema está en agenda, se necesita una reforma fiscal, pero antes de dar el paso, hay muchas interrogantes. ¿Se debe hacer una reforma fiscal en un contexto de crisis? Y si se hace ¿podría resultar un remedio peor que la enfermedad? Si se implementa ¿Quiénes pagarán? ¿Quién cargará con el costo político de la medida más impopular en cualquier momento y en cualquier país?
Por el contexto de crisis en que llega el tema de una reforma fiscal y lo difícil de plantearle a la población que pagará más impuestos, es “un trago amargo” que reta al presidente Luis Abinader al cumplirse el tercer trimestre de su gobierno. De hecho, esta Administración ya dio un paso en falso con el tema cuando incluyó nuevos gravámenes en el presupuesto de este año, lo que luego tuvo que dejar sin efecto por la ola de críticas y rechazo que generó en menos de 48 horas.
Recientemente, el presidente Abinader dijo que ya se discute el tema y en cualquier momento lo presentará al Consejo Económico y Social (CES) para que se discuta en ese escenario.
“El Gobierno está trabajando en esa propuesta. No estamos hablando de algo simple, estamos hablando de algo que afecta a todo el país, a algunos de manera positiva a otros de manera negativa en términos de pagar más impuestos”, expresó recientemente.
La confirmación del Presidente de que se discute la reforma fiscal generó reacciones de economistas, políticos y la población en general está atenta para “gritar” si los nuevos impuestos afectan sus finanzas que se han deteriorado por el aumento generalizado de precios en casi todos los renglones.
Habría que ver cuáles lecciones aprendió el Gobierno dominicano del caso de Colombia, el primer país de América Latina que intentó aumentar los impuestos en el contexto de la crisis de la pandemia y el resultado no pudo ser peor: protestas masivas con más de 20 muertos y el presidente Iván Duque tuvo que echar para atrás su plan impositivo a pesar de que contenía capítulos de beneficio, como la renta básica universal. Pero generaba impuestos sobre el salario y gravaba los productos básicas y servicios tan esenciales como el agua y la luz.
¿Se debe hacer una reforma fiscal en un contexto de crisis?
Economistas tienen puntos de vistas encontrados sobre el tema. Los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recomiendan que sí, pero políticos del calibre y experiencia del expresidente Leonel Fernández dicen que no procede.
Recientemente, el FMI recomendó ampliar la base impositiva racionalizando las exenciones con una adecuada combinación del impacto distributivo. Contrario a lo que plantea el FMI, los economistas Antonio Ciriaco y Daris Javier, ambos catedráticos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), coinciden en que las reformas tributarias no son aconsejables en tiempos de crisis económica como la actual y que deben hacerse en tiempos de bonanza. En ese mismo planteamiento se coloca el expresidente Fernández, que dijo que esa reforma debió hacerse cuando la economía estaba “boyante”.
Coincide con el FMI el especialista en economía Henry Hebrard y el propio Gobierno, pues tanto el presidente Abinader como el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, han dicho que se trabaja en la reforma.
El expresidente Fernández argumentó que el Pacto Fiscal debió hacerlo el pasado gobierno y que no lo llevó a cabo. “Generalmente, las reformas fiscales se hacen cuando hay una situación económica boyante, cuando hay crecimiento y estabilidad, en República Dominicana y América Latina se debe entrar en un proceso de reactivación y cuando eso se produzca se podrá hacer la reforma fiscal”, subrayó. “Si se procede en un momento como el actual en que se dejan sin efecto las ayudas sociales, se incrementa la tarifa eléctrica y se hace una reforma fiscal, eso hay que pensarlo con cuidado; una reforma fiscal tiene que ser socialmente incluyente y políticamente viable”, subrayó el presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP).
Ciriaco expresa que para plantear un aumento de impuestos se debe esperar una recuperación mayor de la economía, que se puedan generar los empleos y que las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, se puedan ponerse al día en sus obligaciones tributarias, porque según ha dicho la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), muchas no han podido hacerlo.
“Se debe esperar la consolidación, a partir del año 2022 se comienza la discusión o quizás un poco antes, pero la discusión de cualquier reforma o pacto se va a tomar mucho más de un año si tomamos en cuenta la experiencia de la República Dominicana, lo que planteo es que se discuta y se aplique en el 2023”, sostuvo. Agregó que si se hace ahora la reforma, el efecto será una relantización de la recuperación de la economía.
Sostuvo que la otra cara de la moneda sobre la economía dominicana es el alto nivel de deuda. Sin embargo, dijo que en el actual contexto es poco probable que algún organismo multilateral impulse procesos de ajustes. Otra razón que esboza para justificar su postura es que el país tendrá “un golpe de suerte”con la expansión de la economía norteamericana.
El economista Daris Javier, también de la UASD, sostuvo que el gobierno está en una encrucijada pues necesita recursos para resolver las responsabilidades del Estado y, por otro lado, la reforma podría producir convulsiones sociales. Sostuvo que lo menos riesgoso para el gobierno es seguir tomando prestado para cubrir los gastos. “Todo indica que desde el gobierno interpretan el déficit como algo malo, pero lo que sugiere la coyuntura es aplicar políticas de corte expansivo para no frenar el gasto público”, dijo.
Advirtió que la actual crisis económica no resiste la combinación de crear nuevos impuestos y reducir la inversión pública. “Esa combinación generaría un shock peor en la economía”, advirtió.
En un punto muy distante sobre el déficit está el economista Henry Hebrard. “Consideramos, tal como lo sugiere el informe del FMI y recientes publicaciones de la CEPAL y del Banco Mundial, no hay escapatoria, debido al elevadísimo peso del servicio de la deuda sobre las finanzas públicas, lo que obliga a corregir la trayectoria recurrente de déficits fiscales constantes que se vienen acumulando desde el año 2008”, consideró.
¿Quiénes van a pagar?
El presidente Abinader dijo de la reforma fiscal que el gobierno trabaja para que entre en vigencia el próximo año será lo más justa posible y que “paguen los que puedan pagar”. Volviendo al caso de Colombia, lo que provocó mayor rechazo en la población fue la propuesta de de cobrar impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234. La ley proponía, imponer el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA), que en Colombia llega a un 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), objetos electrónicos como computadores, y otros rubros hasta ahora exentos. Javier advirtió que en caso de que el gobierno se decida por una reforma fiscal no debe afectar la clase media ni los sectores más pobres. “Una reforma debe orientarse a desmontar las exenciones tributarias y gravas las grandes fortunas”, dijo. El economista Jaime Aristy Escuder tiene poca fe en que eso ocurra porque en el país, según dijo, históricamente “no se afecta a los más ricos” y por eso está convencido que la clase media y pobre serán afectadas.
¿Quién cargará con el costo político?
Otro aspecto que enseñan históricamente las reformas impositivas es que tienen un costo político y alguien tiene que cargar con él. El último paquete impositivo que se aprobó en el país fue en el 2012 para aplicarlo en el 2013 y el costo político fue para Leonel Fernández, luego que el recién instalado presidente Danilo Medina declaró que encontró un maletín cargado de facturas y un gran déficit fiscal. El descontento de la población se manifestó en protestas en contra del expresidente Fernández, mientras Medina a pesar de aplicar los impuestos vio su popularidad subir a las nubes para esos años.
En el actual contexto hay un factor que podría justificar ante los ojos de la gente un incremento de los impuestos: la pandemia. Sin embargo, lo que pasó en octubre del pasado año cuando el gobierno estableció nuevos impuestos en el Presupuesto, indica que no hay nada que permita que la gente admita tranquilamente que pagará más impuestos. En menos de 48 horas el recién instalado gobierno de Abinader tenía una crisis y hasta convocatoria de protestas en la Plaza de la Bandera. El expresidente Fernández sostuvo que el gobierno pasado debió hacer el Pacto Fiscal establecido en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero que no lo hizo, a pesar de la buena marcha de la economía, porque “se estaba en otros proyectos políticos ocultos”. Una de las debilidades que se ha señalado al gobierno de Abinader desde que se instaló hace casi nueve meses, es la política comunicacional, por lo que tendrá que mejorar esa área si no quiere cargar con el costo político de la reforma fiscal, porque para eso se necesita construir un relato y saber transmitirlo a la población. “Para no repetir los costosos errores de Colombia (o de la misma República Dominicana en septiembre de 2020), será necesario que desde la Presidencia de la República se construya un relato ambicioso y movilizador para que la población quiera adherirse a este pacto social”, advirtió Hebrard. El planteamiento de Ciriaco de que el gobierno deje para el 2023 la reforma fiscal podría no ser políticamente viable para el presidente Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), pues será un año preelelectoral y no resultaría políticamente rentable aplicar nuevos impuestos. Además, hay quienes consideran que el presidente Abinader ha perdido tiempo, desde el punto de vista político, para someter un proyecto de reforma que no afecte su aprobación en la gente.
