Hay obras abandonadas y otras nunca se iniciaron a pesar de anticipo millonario; unos 180 contratos están en litis
Nueve años han pasado desde que se inició el ambicioso programa de construcción de escuelas que contemplaba el levantamiento de 18 mil aulas en dos años, pero a la fecha el número de centros escolares con irregularidades graves es casi el 40 %, hay abandonadas y otras nunca se iniciaron.
El problema no solo es ese, por otro lado, hay millones de pesos del Estado en manos de ingenieros que no han puesto un block, no faltan los que terminaron bajo nebulosas administrativas y una odiosa lista de 180 contratos en proceso legal para ser anulados por los que contratistas se enfrentan al Ministerio de Educación.
En mayo de este año, el presidente Luis Abinader promulgó una ley para resolver el nudo legal que impedía que cientos de escuelas fueran terminadas. A cinco meses de la ley e iniciado el año escolar, el programa Desclasificado con Addis Burgos, que se transmite los lunes por CDN, canal 37, presentó ayer una investigación sobre los efectos que ha provocado esta normativa.
Los hallazgos son tan traumáticos que hay quienes se refieren al tema como la piñata del 4 %, el monto que establece la ley se debe asignar del Producto Interno Bruto (PIB) al sistema educativo.
El Programa Nacional de Edificaciones Escolares trabajó 1,236 escuelas que fueron distribuidas en cuatro sorteos. Según una auditoría del Ministerio de Obras Públicas, actualmente 751 escuelas están concluidas, 122 son construcciones activas y 333 están detenidas por conflictos que van desde terrenos no aptos, falta de terrenos, cubicaciones alegadamente alteradas o incumplimientos.
333 escuelas detenidas
Estos edificios representan millones de pesos en materiales de obras hoy paralizadas, algunas avanzadas hasta en un 90%. De estas 333 escuelas detenidas, 30 tienen problemas de solar, 85 están pendientes de pago, 78 a espera de aprobaciones del Minerd, 19 agotan procesos internos y 121 están en manos de contratistas. Una comisión permanente de Educación realiza un trabajo de auditoría de campo identificando el estado de estas escuelas.
La métrica es escandalosa, el número de escuelas con irregularidades graves nueve años después es casi el 40 %, lo que ha obligado a una celosa auditoría por parte de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
“Había que terminarlas, pero para terminarlas no podíamos utilizar un mecanismo que instauró la Contraloría anterior que le llamaban dispensa, que se daba dispensa cuando en una obra había una adenda de un 25, y después había otro adenda de ahí en adelante, le daban dispensa, eso no existe en la ley, eso fue un mecanismo para permitir el dispendio”, indicó Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas.
La evaluación arroja que fueron sorteadas escuelas para ser construidas en lugares inhóspitos donde no hay siquiera alumnos, unos 32 planteles no tienen solar asignado, ingenieros que no han iniciado con las obras pero que recibieron el pago del 20 % de avance de la obra según establecía el contrato, estos montos ascienden a RD$ 297,878,472.10
“Tienen un adjudicación, tienen un contrato que se pagó el 20 por ciento, pero los contratistas no tienen donde construir porque el ministerio nunca les dijo dónde deben construirse esas escuelas.
La experiencia de los sorteos de obras para el sector educación del año 2012, que involucró al Ministerio de Obras Públicas y al cuerpo del delito Oficina Supervisora de Obras del Estado, fue verdaderamente el símbolo de la improvisación, de la irracionalidad, despilfarro del gasto público”, explicó Pimentel.
Mientras el Estado aún busca una salida hay datos seguros de contratistas que apuestan a que perdure el caos y luego de recibir el dinero ya no viven en el país. Huir con 50 millones de pesos, en algunos casos más en otros menos, sin ser acusado de un delito es bastante rentable.
Por otro lado, la Ley de Compras y Contrataciones fue burlada de forma tal que hoy día ha sido imposible asumir de forma pura y simple el pago de escuelas terminadas que sobrepasaron su presupuesto hasta en un 200 %, explicó Pimentel.
Esta situación ha provocado que en las últimas semanas ingenieros contratistas hagan recurrentes piquetes reclamando sus pagos.
Desorden extraordinario
Los presupuestos sobrepasaron hasta en un 200 % por incorrecta planificación y falta de estudios previos en unas obras contratadas con presupuestos tipo estándar sin tomar en cuenta las variables de cada obra en terreno. No es imposible establecer el costo que habrá que pagar para garantizar la terminación de estas inversiones públicas.
“Probablemente una escuela que estaba prevista para hacerla en un terreno de 400 metros cuando viene a ver esa misma escuela se encuentra en un terreno de mil metros, entonces ya cuando le dicen, bueno tienes que hacer la verja perimetral pues ahí hay una partida que no estaba contemplada, a lo mejor la verja perimetral eran 300 metros y cuando viene a ver el terreno de la verja perimetral es de mil metros, la improvisación, es el caldo de cultivo de la corrupción… y alrededor de eso hubo un desorden extraordinario”, manifestó Pimentel.
Al respecto, el ingeniero José Ramos, director técnico de infraestructura del Ministerio de Educación, asegura que en la creación de nuevas adendas para retomar construcciones intervienen varias instituciones en un proceso que requiere mucha transparencia y que por ende se tomará su tiempo. Uno de los conflictos son las obras que en terreno no tienen el avance que reclaman en papeles.
Hay 180 contratos en proceso legal
Otro tema es que, la lista de 180 contratos de construcción de escuelas en proceso legal para ser anulados tienen más de una cara, las versiones del Ministerio de Educación no se parecen en nada a las de los contratistas que a estas alturas tienen a su favor que son custodias legales de las escuelas en construcción.
El Ministerio de Educación ha advertido que sanear el caos encontrado en la construcción de escuelas será una investigación individual de cada caso, lo que implica un trabajo largo y lento al que la misma ley atribuye 10 años.
Mientras esto pasa, otros se desesperan por su dinero. Uno de ellos es Pedro Reinoso Pimentel, quien en febrero del 2012 ganó el sorteo para construir una escuela de 12 aulas en la comunidad Villa la Mata en Cotuí, sin embargo la cotización en principio era de 41 millones de pesos y cuando la obra fue paralizada en mayo del 2015, ya se había disparado a 61 millones de pesos.
En su caso se produjo una palabra que escuchamos en boca de muchos “descubicación”. El ministro de Obras públicas alegó haber cubicado a su favor 17 millones de pesos que no estaban justificados cuando se supervisó la obra física.
Reinoso Pimentel dijo que tanto el Ministerio de Obras públicas, el Ministerio de Educación y la Contraloría enviaban un supervisor por separado antes de dar una cubicación por cerrada.
Acusado de una falta grave, Reinoso Pimentel explica que a su obra le agregaron una cocina y área inicial no contempladas en el contrato lo que disparó su presupuesto junto a características del terreno. Lleva sobre sus hombros el peso de la custodia legal de la escuela, que aun paralizada hace seis años paga dos serenos para evitar robos.
Espera por pago tras concluir construcción
Otra tensa lista es la de 333 escuelas con escollos distintos, en ese grupo se encuentra la arquitecta Noelia Santos Guerra, quien ganó un concurso para construir un liceo de 12 aulas en el Mamey de Puerto Plata. Inicialmente su obra costaría 33 millones de pesos, sin embargo terminó con un presupuesto de 60 millones, una de las causas fue preparar el terreno en esa zona montañosa. Las escuelas, según el contrato, debían concluirse entre 6 a 8 meses, pero su obra fue paralizada durante 3 años por lo que ella califica como un “falso rojo” y fue acusada de una cubicación errónea. La arquitecta asegura que era un juego de dominó ya que en una obra todo es medible. Santos Guerra pudo demostrar que sus cubicaciones eran correctas y entregó el liceo finalizado en agosto del 2019, sin embargo aún el Estado le debe 20 millones de pesos. Contó que contratar con el Estado al final la dejó sin casa luego de hipotecarla y con su crédito manchado. “Lo que inicialmente nosotros habíamos visto como una gracia… resultó ser una desgracia”, expresó.
