San Juan, 5 ago (EFE).-La justicia en Puerto Rico tendrá la última palabra sobre la legitimidad de la jura el viernes del nuevo gobernador, Pedro Pierluisi, tras la demanda interpuesta este domingo por el presidente del Senado, Thomas Rivera, y por la que interpuso este lunes la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.
La demanda que radicó anoche Rivera para anular la juramentación de Pierluisi por no contar con la votación previa del Senado, será atendida en una vista urgente a las 18:00 hora local (22:00 GMT) en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, según la orden del tribunal difundida este lunes.
Por su parte, la alcaldesa de San Juan ha acudido al Tribunal Supremo para impugnar la juramentación.
En su demanda, Yulin además de Pierluisi, incluye a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, segunda en línea de sucesión, detras del secretario de Estado, para sustituir al ya dimitido exgobernador Ricardo Rosselló.
“A las 8:39 am (12:39 GMT) se radicó caso en Tribunal Supremo. Ahora se estarán diligenciando emplazamientos” (sic.)”, twiteó Cruz Soto.
Por su parte, el presidente del Senado señala en su demanda que actualmente Puerto Rico “vive una situación sin precedentes” después de la renuncia de Rosselló, quien dimitió del cargo de gobernador tras su participación en un chat privado que había provocado una ola de manifestaciones, y apunta que la elección de Pierluisi se ha producido “parcialmente” ya que quedaba aún el trámite del Senado.
El propio Pierluisi dio este domingo un nuevo giro a la situación al afirmar que “no procede” que el Senado vote este lunes sobre su incumbencia como secretario de Estado, ya que al haber jurado el viernes como mandatario dejó ese puesto.
“Realmente es una vista para ellos mismos, porque, como he dicho en varias ocasiones, no procede una confirmación del gobernador. Lo que hubiera procedido era una confirmación del secretario de Estado, pero esa silla en propiedad ya no está ocupada”, dijo Pierluisi.
Tras sus palabras, y en un comunicado posterior, insistió en que ya juró el “cargo de gobernador y en este momento no existe secretario del Departamento de Estado que esté sujeto al consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico; sin embargo, igual que dije el pasado viernes, este cuerpo legislativo tiene todo el derecho de expresarse sobre mi incumbencia y, como he expresado, respeto ese proceso”.
El secretario de Estado puertorriqueño es el primero en la línea de sucesión en caso de no haber gobernador. El siguiente es el secretario de Justicia.
Este lunes está prevista una sesión en el Senado para la confirmación de Pierluisi como secretario de Estado.
El embrollo sobre la legalidad o no de que Pierluisi fuera el gobernador estos días partía de las dudas que ha despertado entre abogados, medios y políticos, entre otros, la interpretación de la Constitución y la Ley 7 de 1952, enmendada en 2005, sobre la sucesión del gobernador.
La Constitución de la isla señala que un secretario de Estado, primero en la línea de sucesión ante la vacante de un gobernador, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa, mientras que la Ley 7, en la que se escudó Rosselló para nombrar a Pierluisi, señala que dicha posición no precisa de la confirmación ni de la Cámara de Representantes ni del Senado.
Pero solo en el caso de que se refiera a la sucesión de un gobernador.
En la demanda, Thomas Rivera indica que Pierluisi asumió el poder este viernes “en una interpretación incorrecta de la Ley 7”.
“El Senado no ha finalizado su responsabilidad constitucional de consejo y consentimiento para dicho nombramiento (…) no puede seguir ostentando el cargo de gobernador al que juramentó y, cualquier decisión que haya tomado en tales funciones desde dicha juramentación es igualmente nula”, concluye la demanda. EFE
