Santo Domingo – La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó el fallo de la medida de coerción al general Julio Camilo de los Santos Viola, implicado en la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Coral 5G.
La magistrada Kenya Romero dará el fallo de la solicitud de coerción al general, quien se desempeñaba como subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mañana martes a las 2:00 de la tarde en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
De los Santos Viola fue apresado el 17 de noviembre, cuando fue llevado a audiencia días después, recusó a la jueza Romero y la misma fue rechazada por la Corte de Apelación.
El pasado 8 de diciembre la volvió a recusar, por lo que fue separado del conocimiento de la medida de coerción de los demás implicados en el caso.
Sin embargo, el tribunal de segunda instancia volvió a rechazar la solicitud del general de que la magistrada fuera apartada del proceso y por esta razón, Romero conoció este lunes la medida de coerción a De los Santos Viola, contra quien el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva.
La jueza Romero dictó la semana pasada 18 meses de prisión a cinco de los 12 a quienes les conoció medida de coerción tras ser vinculados a una red de lavado de activos para supuestamente sustraer millones de pesos cuando estaban al frente de entidades castrenses.
Los que fueron enviados a la cárcel de Najayo son los generales Carlos Torres Rubiou, exdirector del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur) y Boanerges Reyes Batista, subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, el coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara y el mayor José Manuel Rosario Pirón.
En tanto que el teniente coronel Erasmo Roger Pérez, el coronel Miguel Ventura Pichardo, el coronel paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y los civiles César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega, quienes habrían colaborado con la Procuraduría Especializada en Persecución de la corrupción Administrativa (Pepca) tienen arresto domiciliario.
En tanto que para el teniente coronel Kelman Santana Martínez, se dispuso presentación periódica e impedimento de salida del país.
Al grupo, que pertenece a la segunda fase de la Operación Coral, el Ministerio Público lo acusa de sustraer fondos de las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), hoy Politur, y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
