El juez presidente interino del Tribunal Superior Administrativo (TSA), Diomede Villalona, se reservó para el martes su fallo sobre la medida cautelar que busca la suspensión de la resolución que obliga a presentar la tarjeta de vacunación anticovid-19.
Este viernes, el magistrado conoció la audiencia donde los abogados de Carlos Peña, presidente del Partido Generación de Servidores (Gens), quien interpuso la medida cautelar, solicitaron que la disposición establecida por el Ministerio de Salud Pública sea suspendida al considerar que la misma va en contra de los derechos de las personas.
Dijeron que la medida sanitaria viola los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, tales como el derecho a la igualdad, libertad de tránsito, libertad de trabajo, la libertad de empresa y el derecho a la educación.
En la vista, la jurista María Luisa Guzmán dijo que la resolución es irracional y violenta a las personas que no pueden ser sometidos a procedimiento. Aseguró que la falta de persuasión del Gobierno conllevo a esta medida, que indicó, es ilegal.
“Cada minuto que pasa muchos pierden sus trabajos, cada mañana centenares de estudiantes no pueden seguir sus estudios”, dijo.
Le manifestó al juez Villanola que no están en contra de las vacunas, sino que se didive al país entre los vacunados y lo que no.
En ese sentido, los abogados solicitaron al magistrado suspender la resolución hasta tanto se conozca un recurso contencioso administrativo que han depositado para que se declare la nulidad de la resolución.
De no acogerse esto, los togados pidieron que se suspenda de manera provincial los artículos 3 y 4 de la resolución.
De su lado, los abogados representaste del Ministerio de Salud Pública solicitaron que se rechace la petición de los abogados de Carlos Peña.
Preciaron que la covid-19 es una pandemia sin precedente, que le ha costado la vida a más de 5 millones de personas, de las cuales 4 mil son de República Dominicana y que las disposiciones de la resolución no son banales, sino en base a lo establecido por los organismos científicos internacionales que entienden la vacuna es la única solución contra esta enfermedad.
Aseguraron que atacar la resolución sanitaria es un atentado al sistema de salud y la economía del país. Y que la mayoría de lo víctimas mortales de la pandemia en el país no se vacunaron.
Mientras que la Procuraduría General Administrativa precisó que la decisión del Ministerio de Salud Pública está basada en la Constitución y artículo 69 de la Ley de Salud Pública que, dijo, obliga a adoptar las medidas necesarias para proteger la población.
Al pedir también que se rehaga la petición de la parte accionante por improcedente, mal fundada y carente de base legal, indicó que no hay argumentos jurídicos para suspender resolución.
Dijo que si el acoge pedimento pondría en riesgo la vida de toda la población.
