Santo Domingo, RD.- La jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte, rechazó este martes un hábeas corpus que interpuso el general Julio Camilo de los Santos Viola, quien junto a otros 12 más fue detenido durante la Operación Coral G5.
De los Santos Viola, buscaba con esta acción su libertad, alegando que en el arresto que se ejecutó en su contra (hace 13 días) se cometieron irregularidades.
El representante legal de general, Julio Cury, expresó que la decisión de la jueza demuestra que no se trata de un estado de “derechos sino de un régimen de terror que implementa el Ministerio Público y que tiene a los jueces arrodillados y postrados a sus pies”.
De su lado, el titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, explicó que el tribunal rechazó la petición sobre la base de que el Ministerio Público presentó la solicitud de la medida de coerción en contra del implicado en tiempo hábil.
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“Rechazo, además, porque las razones por la que no se ha conocido esta medida de coerción es porque el tribunal le dio tiempo a las defensas para revisar el volumen de imputaciones y evidencias que ha presentado el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción”, ponderó Camacho.
Ahora se espera que la tarde de este martes, un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la audiencia de medida de coerción contra los generales Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, quienes fueron subjefes del y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), los otros ocho militares y los dos civiles acusados de actos de corrupción en las referidas instituciones castrenses.
Las acusaciones contra los 13 implicados, tres de ellos generales activos, van desde coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, falsedad y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y hasta testaferrato.
Al grupo se le imputa ser parte de una red que distrajo millones de pesos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Los encartados fueron trasladados desde la cárcel que funciona en el cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hacia la sala de audiencias. El jueves 25 del presente mes hicieron lo mismo bajo un fuerte dispositivo de seguridad, pero no permanecieron mucho tiempo pues la vista fue aplazada porque uno de los imputados no tenía abogado. Contra el grupo, la Pepca solicita que se les dicte 18 de prisión preventiva.
