Santo Domingo – La peticion que hizo este lunes el exprocurador Jean Alain Rodríguez, imputado en el caso Medusa, para que le varían la prisión preventiva no fue acogida, por lo que seguirá recluido en el cárcel Najayo.
La jueza Solange Vásquez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la medida de coerción al exfuncionario al considerar que existen motivos para que el imputado siga preso y no en arresto domiciliario o libertad condicional, como le había solicitado.
En la audiencia de revisión de medida de coerción, los abogados de Rodríguez se ofrecieron como garantes de si se varía la prision preventiva, el exprocurador no se sustraerá del proceso y estará presente cada vez que se le requiera, sin embargo, la jueza mantuvo la prisión.
Desde julio pasado, el exprocurador Jean Alain Rodríguez cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, tras ser vinculado a actos de corrupción durante su gestión en la Procuraduría General de la República.
Cuando le impuso esta medida de coerción, la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dijo que entre las motivaciones para dictarle esta medida de coerción, se basaron en los parámetros de la existencia de riesgo de sustraerse del proceso debido al alto cargo público que desempeñaba.
Según la magistrada Romero, de tales funciones se “desprende posición de mando que pone en riesgo potencial la obstaculización de los medios de prueba”. Dijo que los arraigos sociales y patrimoniales ofertados permiten identificar facilidades para sustraerse del proceso.
Ese mismo día, también se le impuso prisión preventiva a Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de la entidad; y Alfredo Solano Augusto, quien fue subdirector financiero, también implicados en el caso Medusa.
Además, la jueza Romero dictó arresto domiciliario e impedimento de salida del país a Altagracia Guillén Calzado, pasada subdirectora administrativa; Rafael Mercede, exencargado del Departamento de Contabilidad, y Jenny Marte Peña, ingeniera encargada de construcción del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
Mientras que para Miguel José Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría, dispuso una garantía economía de un millón de pesos mediante una aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.
