Los abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien cumple prisión preventiva por el caso Medusa, demandaron civilmente a la jueza Kenya Romero por daños y perjuicios con el que buscan que sea condenada al pago de 15 millones de pesos.
Carlos Balcácer, de la barra de defensa del exfuncionario, dijo que recurrieron a esa vía ya que la jueza, en función de coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, “se negó” a expedir unas certificaciones sobre las resoluciones que han sido dictadas a solicitud del Ministerio Público relacionadas a la investigación.
La instancia, donde también se demanda a la secretaría de la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Eliza Cabrera, por 5 millones de pesos, fue depositada ante la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
A consideración de Balcácer, la magistrada Romero, quien dictó la prisión preventiva contra Rodríguez en julio pasado en función de jueza de la Oficina de Atención Permanente, ha perdido su objetividad y se apartó de su función de tercera imparcial, “adoptando una actitud engañosa, penetrando a un plano cuasi personal, tipificando de esta forma el dolor y la prevaricación”.
La defensa de Rodríguez dijo que “la magistrada se ha prevalido de su cargo, para dañar y actuar, de espaldas a la ley, instruyendo a su secretaria general interna a negarse a rendir respuestas sobre las solicitudes en torno al archivo presuntamente organizado a los fines acceder a las resoluciones firmadas por ella, afectando el derecho de propiedad del exprocurador y su defensa”.
Los abogados dijeron que también hicieron más de 100 solicitudes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para que les entregue todas las diligencias que han hecho en el transcurso de la investigación pero que las mismas fueron ocultadas en franca violación a la ley.
Es por esto, acudieron al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal control de caso, para que le ordene a la Pepca entregar estas documentaciones, petición que será conocida el 10 de marzo durante una audiencia.
