La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior del órgano persecutor la suspensión de sus funciones del procurador de corte Antonio Báez Tapia por incurrir en “faltas graves” y “muy graves” al litigar en un caso de implantación de drogas en una barbería de Villa Vásquez.
La petición fue presentada a la procuradora general Miriam Germán Brito y a los demás miembros del Consejo Superior del Ministerio Público.
El procurador adjunto Juan Medina, inspector general, solicitó el pasado 16 de mayo la suspensión del procurador de corte Antonio Báez Tapia por ejercer sus funciones “indebidamente, al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución”.
Plantea que dicho representante del Ministerio Público incurrió en una violación a la Ley Orgánica del Ministerio Público (número 133-11), por “no observar las prohibiciones o incompatibilidades constitucionales o legales cuando el hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado”, por haber descuidado el expediente y el proceso seguido contra la exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña.
Báez Tapia retiró los cargos además contra el mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez y el cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, de la Policía Nacional y adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como contra el cabo de la fuerza aérea Juan Antonio Arias Peguero.
La ex fiscalizadora y los cuatro agentes antinarcóticos fueron procesados por implantar drogas en el allanamiento a una peluquería ubicada en Villa Vásquez, en agosto de 2019, un hecho que quedó registrado en un vídeo conocido por toda la población.
Asimismo, el inspector Medina solicitó la suspensión contra el fiscalizador de San Francisco de Macorís, Engels Luis Polanco Henríquez, quien tenía su cargo un expediente sobre el asesinato a una mujer, en el que presuntamente incurrió en irregularidades.
Estableció que el fiscalizador ha ejercido sus funciones “indebidamente” al “incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución del Ministerio Público”.
El fiscalizador tenía a su cargo un caso de una mujer asesinada de 351 cuchilladas.
Indica que dicha postura se aleja aún más de la lógica cuando se toma en cuenta que el propio Polanco Henríquez, el pasado 22 de febrero, se opuso a la variación de la referida medida de coerción de prisión preventiva que cumple Eusebio Rosario Hernández (Eddy), imputado, junto a un hijo menor de edad, del crimen de Carmen Paulino Gabriel (Rafelina), ocurrido en San Francisco de Macorís en junio de 2021.
Señala que, precisamente el 22 de febrero, el fiscalizador argumentaba sobre la falta de presupuestos que presentaba la defensa de Rosario Hernández y sostenía que se mantenían las circunstancias que dieron lugar a la imposición de la prisión preventiva contra el imputado.
Sin embargo, el 18 de este mes, el mismo fiscalizador varió su criterio “ante el conocimiento de una revisión de medida de coerción oficiosa, en la que tampoco se presentaron presupuestos que garantizaran la presencia de dicho imputado a los demás actos del proceso”.
El inspector Medina de los Santos señala, además, que el caso no se acogía al artículo 241 del Código Procesal Penal, sobre el cese de la prisión preventiva. Sobre ese particular, indicó que el plazo de 12 meses para la prisión preventiva no había llegado a su término, sino que se cumplía el 07 de junio, “por lo que no se justifica que sea el fiscal que solicite la variación de la medida de coerción, por el vencimiento de un plazo que todavía no h
