La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior del órgano persecutor la suspensión de sus funciones del fiscalizador Engels Luis Polanco Henríquez y del procurador de corte Antonio de Jesús Báez Tapia por incurrir en “faltas graves” y “muy graves”.
La petición fue presentada a la procuradora general Miriam Germán Brito y a los demás miembros del Consejo Superior del Ministerio Público.
El procurador adjunto Juan Medina, inspector general, solicitó el pasado 16 de mayo la suspensión del procurador de corte Báez Tapia, quien litigaba en un caso de implantación de drogas en una barbería de Villa Vásquez, por ejercer sus funciones “indebidamente, al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución”.
Planteó que dicho representante del Ministerio Público incurrió en una violación a la Ley Orgánica del Ministerio Público (número 133-11), por “no observar las prohibiciones o incompatibilidades constitucionales o legales cuando el hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado”, por haber descuidado el expediente y el proceso seguido contra la exfiscalizadora Carmen Núñez Peña.
Báez Tapia retiró los cargos además contra cuatro agentes antinarcóticos, quienes junto a la exfiscalizadora fueron procesados por implantar drogas en el allanamiento a una peluquería ubicada en Villa Vásquez, en agosto de 2019.
Sobre el fiscalizador Polanco Henríquez, quien tenía su cargo un expediente sobre el asesinato a una mujer, estableció que ha ejercido sus funciones “indebidamente” al no oponerse a que se le variara la prisión preventiva a un imputado que cumplía la referida medida de coerción tras ser acusado de asesinar a mujer de 351 cuchilladas.
