En el marco de estas 20 demandas, el exempleado del Instituto Postal Dominicano Roberto Miguel Rondón Fernández, recibió ganancia de causa por parte de la Sexta Sala Liquidadora del Tribunal Superior Administrativo, que condena al INPOSDOM a reponer en su puesto este servidor de carrera, realizarle el pago de sus derechos laborales como vacaciones y Navidad, al tiempo que ordena pagarle 300 mil pesos de indemnización en daños y perjuicios.
El abogado laboral Oliver Batia, indicó que esta es la primera sentencia del grupo de 20 empleados y los demás ya están en estado de fallo por el TSA, por lo que con este precedente es muy probable que los demás demandantes por las mismas causas resulten gananciosos.
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“Son 20 servidores públicos de carrera, solo los que nosotros representamos porque otras firmas representan más y tan solo con el grupo nuestro el Estado perdería 21 mil pesos diarios, más de 400 mil al mes y ya hay acumulados 5 millones 16 mil pesos por salarios caídos que el Estado tendría que pagar si se replica la sentencia que el TSA dio a favor de Roberto Miguel Rondón Fernández”, explicó el jurista.
Batía expresó que el gobierno a través del presupuesto nacional ha depositado más de 100 millones de pesos al INPOSDON para pagar las prestaciones, pero la nueva directora Katuska Báez, insiste en violar los derechos de estas personas.
“A pesar de que tienen el dinero y de que la mayoría de expedientes están en estado de fallo para condenar al INPOSDOM, la directora Katiuska Báez y su director jurídico Gimert Martinez prefieren liquidar a un grupo de empleados de estatuto simplificado porque son más y generan ruido mediático; ya que todos los días hay un grupo nuevo protestando en las oficinas de la institución”, concluyó Batía.
El Centro Jurídico e Inversión Batía Ramos, además de llevar 20 casos laborales contra el INPOSDOM, obtuvo ganancia de causa por 113 casos contra el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y logró una jurisprudencia de la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo que favorece a los Empleados de Confianza del Estado, mediante una condena contra el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste.
