Un economista favorece la entrega de recursos ahora a trabajadores y otros lo ven como imposible
La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) está en desacuerdo con el Proyecto de Ley que agrega el artículo 59-bis, a la Ley 87-01, en el que se busca que en caso de declaratorias de estado de excepción, el trabajador pueda acceder hasta a un 20% de los recursos acumulados en su fondo de pensión individual.
A lo que se opone concretamente la organización industrial es a la Iniciativa Número: 01340-2020-PLO-SE, introducida al Senado de la República.
El desacuerdo de la AIRD frente a una propuesta que ha generado amplio debate, a favor y en contra, está contenida en un documento, al que accedió elCaribe.
“Es preciso afirmarles nuestro desacuerdo con la referida iniciativa, puesto que la misma traería consecuencias económicas muy negativas para el país, atenta contra la naturaleza misma de las pensiones concebidas en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social y reduciría las expectativas de los trabajadores, disminuyendo su calidad de vida”, dice la AIRD, vía su vicepresidenta ejecutiva, Circe Almánzar.
El planteamiento de la organización va más allá. Alerta a los legisladores sobre el riesgo que implica una iniciativa como la citada para el ordenamiento jurídico y económico dominicano, tal como han planteado otras entidades representativas de distintos sectores, tanto privados como de gobierno, incluyendo el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.
En un artículo dado a conocer el lunes y publicado por la prensa este martes, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, considera desafortunada e improcedente otra propuesta que va en la dirección de que se devuelva un 30% a los trabajadores de sus fondos de pensiones, puesto que habría que disponer de más de RD$173,000 millones para devolver en efectivo a los afiliados, lo que implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto al nivel actual.
Valdez Albizu alertó que esta situación generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que, en la coyuntura actual, con una producción ralentizada, provocaría altos niveles de inflación que reducirían el poder adquisitivo de las personas, deteriorando el valor de sus ingresos y ahorros, y por ende su capacidad de consumo, lo que afectaría de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos e incrementaría los niveles de pobreza.
“Nuestras preocupaciones se derivan de que las pensiones de capitalización individual, instituidas en la Ley No. 87-01 no han sido concebidas ni están estructuradas para ser modificadas ni utilizadas ante situaciones de emergencia, pues son fondos invertidos en instrumentos financieros a mediano y largo plazo, con la finalidad de garantizar una rentabilidad que permita el financiamiento de las pensiones de los trabajadores al final de su vida laboral”, expone la AIRD.
Y agrega: “Como es sabido, el total de los fondos acumulados se encuentra invertido en distintos instrumentos financieros y para dar cumplimiento a lo que pretende esta iniciativa, habría que anticipar la liquidación de estos títulos (en su mayoría del Banco Central y del Ministerio de Hacienda), renunciando a las tasas de rendimiento estables y consistentes con los objetivos previsionales de largo plazo, precisos para los fondos de pensiones, según están establecidos en la legislación actual”.
Según los industriales, la liquidación implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria, tal como explica el gobernador del Banco Central en su publicación del 4 de mayo de 2020, lo que desataría una alta demanda de bienes y servicios y, en consecuencia, un aumento de precios en general. “De más está decir que sería insostenible en la situación de emergencia que enfrenta el país actualmente. Todo esto evitaría incluso que se cumpla el propósito de que las personas cuenten con fondos para contrarrestar los efectos económicos del Covid-19, pues el valor del dinero se reduciría y por ende el poder adquisitivo de las personas, aumentando los niveles de pobreza y provocando un desequilibrio del sistema financiero que tomaría años recuperar”, plantea la AIRD.
Desde su punto de vista, la iniciativa no es viable ya que, al tomarse un porcentaje del ahorro de los trabajadores, se verán disminuidas las pensiones a la hora del retiro o, de lo contrario, los trabajadores se verán forzados a continuar trabajando pasados los 60 años, extendiendo su edad de retiro. “Dicho lo anterior, consideramos que este Proyecto de Ley debe ser desestimado por no representar una alternativa viable para contrarrestar los efectos económicos del Covid-19 y afectaría directamente la estabilidad económica del país a mediano y largo plazo”, indica la AIRD.
De su lado, el economista Luis Vargas le dijo a elCaribe este martes que la demanda de entrega de 30 % de los fondos de pensiones es justa en sentido general por razones de derecho laboral, limitaciones financieras de socorro del Estado, inexistecia de seguro de desempleo e incapacidad empresarial de recurrir a los fondos de la cesantía de trabajo, toda vez que son revertidos en sus libros contables. Cuando Vargas habla del 30% se está refiriendo a otras propuestas que han surgido desde otros ámbitos, en este caso solicitando se devuelva a los trabajadores en estos momentos un tercio de sus ahorros.
“Los recursos acumulados de los trabajadores formales como pensiones en realidad no existen, toda vez que han sido canjeados por títulos del Banco Central y Ministerio de Hacienda y a su vez esterilizados en el Banco Central, a los fines de pasmar la tasa de cambio y sostener los beneficios de los bancos, sobre la base de un esquema Ponzi”, dice Vargas.
Plantea que resulta risible el argumento de que la monetización parcial de tales fondos dispararía los precios al consumo en una coyuntura de aplicación de programas monetarios y fiscales sin apoyo real en la producción real de bienes y servicios.
El economista indica que “hay minorías bancarias que pretenden desviar la opinión pública con el tema de las pensiones, a sabiendas de que hay que solucionar el problema de la fractura de la cadena de pagos y las correspondientes moras y creación de provisiones, tal y como hizo un importante banco hace poco en el país”.
Agrega que “hay que puntualizar que el real y grave problema nacional y mundial es la depresión económica, foetada por la crisis sanitaria. Por tanto, hay que exigir que todos los partidos presenten sus respectivos programas de solución a la múltiple crisis de las pensiones, desocupación laboral, depresión económica y desregulaciones estatales”.
Los economistas Antonio Ciriaco, Franklin Vásquez y Alexis Martínez han rechazado adelantar un 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores para mitigar los efectos económicos que causa el coronavirus en el país, al considerar que la propuesta tiene más costos que beneficios.
Ciriaco, Vásquez y Martínez señalaron que el 80% de esos recursos están en inversiones de largo plazo en el sistema financiero dominicano.
Ciriaco, quien es vicedecano de la Facultad de Economía de la UASD, sugiere que se busquen recursos del Gobierno central y no de ahorros de los mismos empleados, “porque ese dinero debe estar disponible para su pensión futura”.
Sostiene que ese fondo es el único patrimonio que tiene un trabajador para garantizarle en el futuro su pensión.
Mientas, Vásquez indica que uno de los principales factores que perjudican el uso de esos fondos es la viabilidad de los mismos. Sostiene que “cuando se le devuelvan esos recursos a los trabajadores y ellos lo gasten, ¿Qué va a pasar después de ahí”?
