México, (EFE).– El Gobierno mexicano emitió este martes una disculpa pública a los familiares de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey Javier Arredondo y Jorge Mercado, quienes perdieron la vida a manos de militares el 19 de marzo de 2010.
Durante la ceremonia de disculpa, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, reconoció no solo la privación de la vida de los jóvenes a sangre fría por parte de elementos del Ejército, sino la posterior manipulación de los hechos y la ocultación de evidencias.
“A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos”, dijo Cordero dirigiéndose a los padres.
Los estudiantes sufrieron el ataque las fuerzas de seguridad dentro de las instalaciones que la casa de estudios tiene en la ciudad de Monterrey, capital del norteño estado de Nuevo León.
La justificación que pusieron las autoridades fue que los estudiantes -considerados de excelencia por la universidad- eran integrantes del crimen organizado.
Para defender su versión de los hechos, los militares alteraron la escena del crimen y pusieron armas de fuego en los cuerpos de los chicos.
Ante esta situación, Cordero reconoció este martes, en esta misma sede universitaria, el valor de los padres, quienes vieron cómo tanto en la Procuraduría de Justicia del estado de Nuevo León y en la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General) se respaldaba a los militares implicados.
“Ante tales circunstancias, los padres y las madres de los estudiantes lucharon contra la adversidad, contra el dolor, contra el sufrimiento, contra la impunidad, contra el trato indigno que les dieron a sus hijos”, apuntó.
En 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que aludía a las irregularidades del caso.
Pero no fue hasta septiembre de 2015, según relató la madre de Jorge, Rosa Elvia Mercado, que los padres se dieron cuenta de que la muerte de sus hijos no había sido el daño colateral de una confusión.
“Nos dimos cuenta de que no fue error, no fue fuego cruzado, los habían ejecutado a sangre fría y no conformes con eso los golpearon, los arrastraron, les robaron su identidad y de forma aún más infame declararon que eran sicarios”, expuso la madre.
Hasta el momento, son seis militares los identificados por la justicia como involucrados.
Tres de ellos fueron detenidos y están procesados como presuntos homicidas, dos están prófugos y el restante se encuentra en calidad de desaparecido.
La madre manifestó la intención de que a este reconocimiento de responsabilidad del Estado le siga el cumplimiento de la justicia y el castigo pertinente a los responsables.
