Madrid.- El Gobierno español pidió este martes “confianza en la Justicia” y desvinculó la institución de la monarquía y al actual rey Felipe VI de las actuaciones de su padre, Juan Carlos I, que están siendo investigadas en los tribunales.
El Estado democrático de derecho está “por encima de las personas que en un momento determinado puedan encarnarlas”, afirmó hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Campo se esforzó por enviar un mensaje de “tranquilidad, serenidad y confianza” en torno a este asunto.
Asimismo recordó los principios de igualdad ante la ley y de presunción de inocencia, también para las altas instituciones del Estado.
Campo respondió así a varias preguntas sobre las informaciones aparecidas en los últimos días sobre las investigaciones que siguen las fiscalías de Ginebra (Suiza) sobre actividades financieras de Juan Carlos I, en concreto la presunta recepción de comisiones por el contrato del tren de alta velocidad (AVE) Medina-La Meca (Arabia Saudí) que ejecutó un consorcio de empresas españolas.
En esta misma línea, la ministra portavoz, María Jesús Montero, incidió en que las actuaciones de la justicia suiza se dirigen al antiguo jefe del Estado y “para nada” al actual.
“Todos somos iguales ante la ley. Esto no es una cuestión retórica; es real”, afirmó la ministra portavoz.
En los últimos días, varios medios de comunicación españoles han publicado diversas informaciones acerca de los 100 millones de dólares ingresados en la cuenta suiza de la fundación panameña Lucum, vinculada al anterior monarca español, y que se cree pueden proceder del pago de comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca (Arabia Saudí) en 2011.
Hoy mismo, el diario digital El Español publica que el gestor de cuentas en Suiza Arturo Fasana aseguró al fiscal suizo Yves Bertossa que cree que no existe ningún documento oficial que acredite que el dinero que tenía depositado Juan Carlos I en una cuenta de una sociedad panameña procediese de una donación del rey Abdalá de Arabia Saudí, fallecido en 2015.
En España, la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió la investigación sobre el presunto cobro de comisiones para la adjudicación del AVE al comprobar que podría estar involucrado el rey emérito, que es aforado.
La inviolabilidad legal de la figura del rey impide que a Juan Carlos I se le pueda investigar por hechos ocurridos durante su mandato, aunque sí posteriores a su abdicación, en 2014.
Tras la divulgación de varias informaciones sobre estas investigaciones, el rey Felipe VI, hijo de Juan Carlos I, anunció en marzo pasado su renuncia a la herencia que le pudiera corresponder de su padre, al que también retiró la asignación económica fijada en los presupuestos de la Casa Real. EFE
