Brasilia, 21 may (EFE).- El Gobierno brasileño afirmó que ninguna de las graves críticas a su política de derechos humanos realizadas este martes por Amnistía Internacional (AI) se fundamenta y que intentará dialogar con todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos para esclarecer las dudas.
“No fue encontrada ninguna evidencia de que las acusaciones hayan sido fundamentadas en hechos o eventos concretos”, afirmó el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro en un comunicado conjunto divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos.
La nota fue una respuesta a la dura carta divulgada pocas horas antes por Amnistía Internacional, en la que la organización internacional critica la supuesta “retórica tóxica” de Bolsonaro con relación a los derechos humanos y le insta a “abandonar ese discurso hostil”.
Según AI, el “discurso contrario a los derechos humanos que ha marcado la trayectoria política del presidente”, caracterizada por declaraciones homofóbicas, machistas, racistas y xenófobas, “está comenzando a concretarse en medidas y acciones que amenazan y violan los derechos humanos de todas las personas” en Brasil.
En respuesta a la carta, el Gobierno brasileño afirmó que “buscará el diálogo con Amnistía Internacional y las demás organizaciones de derechos humanos para demostrar que ninguna de las afirmaciones de la nota divulgada este martes está acorde con su actual política”.
El Gobierno agrega en la nota que se mantiene firme en su propósito de demostrar, mediante acciones efectivas, que entre las prioridades del Estado destacan el respeto y el fomento de acciones de promoción de los derechos humanos.
La directora del capítulo brasileño de Amnistía Internacional, Jurema Werneck, dijo en una rueda de prensa en la que presentó la crítica carta, que tanto el discurso como algunas de las políticas impulsadas por el Gobierno de Bolsonaro encarnan una “grave amenaza” a “personas y grupos que tienen todo el derecho a vivir sin miedo”.
Entre las medidas que causan “preocupación”, el documento cita la “flexibilización” de normas para la “tenencia y posesión de armas” por parte de la sociedad civil en Brasil, así como decisiones que establecen un “endurecimiento” del carácter punitivo de las políticas que regulan el consumo de drogas y la “regulación de la legítima defensa” de los cuerpos policiales.
Asimismo, critica iniciativas que ponen en riesgo los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades de descendientes de esclavos y la “injerencia indebida” en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, que ahora son “controladas” por el Gobierno.
Otro motivo de “preocupación” son las “medidas contrarias a los derechos a la verdad, a la justicia y a reparaciones de las víctimas de delitos de derecho internacional cometidos por el Estado” durante el último régimen militar (1964-1985), que Bolsonaro suele enaltecer en su discurso.
El documento también protesta por los reiterados “ataques” contra la “independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” y, en líneas generales, por una “retórica hostil” por parte de autoridades, “incluido el Presidente de la República”, que podría “legitimar distintas violaciones de derechos humanos”. EFE
