La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, aseguró ayer que las redes de criminalidad organizada que están desmontando tienen altos niveles de conocimientos para ocultar sus huellas.
“Estamos trabajando con personas inteligentes, que saben tapar sus huellas, que en los papeles todo cuadra; o sea… la contabilidad formal de las empresas e instituciones estatales en las que se cometieron actos de corrupción, cuadra a la perfección, porque ellos saben cómo hacerlo”, aseguró la procuradora de Corte al ser entrevistada en Despierta con CDN.
A la pregunta sobre si el plazo de 18 meses de prisión preventiva que el Ministerio Público solicita en los casos de corrupción obedece a un guion previamente establecido, la fiscal respondió que son los plazos que la Ley les permite para poder hacer investigaciones más eficientes.
“Estamos trabajando con criminalidad organizada, personas que tienen altos niveles de conocimientos de lo que están haciendo.
Entonces, no es que tenemos el plazo de 18 meses de coerción como un cliché o fórmula, sino que es el plazo máximo que nos permite la ley, acudimos a ese plazo porque es lo único que tenemos, sin fuera más, pidiéramos más”, expuso.
Sostuvo que, debido a la complejidad de los casos, es que en la mayoría de los procesos judiciales han tenido que solicitar a los tribunales diferentes prórrogas para poder ganar tiempo en la investigación.
A la Pepca se le ha otorgado plazos de varios meses para terminar de investigar los casos de corrupción denominados Pulpo, Coral, Medusa y Lotería, los cuales ha llevado a los tribunales en el último año.
“Nosotros tenemos un tiempo limitado por ley para investigar hasta 10 años de actividad criminal”, precisó Ortiz sobre este asunto. Explicó, además, que los fiscales no pueden presentar actos conclusivos sin tener resultados de las auditorías que realiza la Cámara de Cuentas, razón por la que los jueces proceden a otorgarles prórrogas, “sobre todo cuando comprueban que el Ministerio Público actuó de manera diligente”.
Sobre prisión preventiva
Al ser preguntada del por qué habiendo tantas modalidades de medidas de coerción, casi siempre solicita la prisión preventiva, Ortiz dijo que los imputados en estos casos son personas que tienen poder político y económico que pueden alterar pruebas y amedrentar testigos a fin de borrar las evidencias.
“Por ejemplo, en los casos Coral y Coral 5G están acusados altos militares que tienen poder de influencia, militares activos al día de hoy. Imaginemos a estas personas en libertad, con posibilidad de dirigir, llamar, dar órdenes, alterar pruebas o evidencias y amedrentar testigos”, argumentó.
Por tanto, aseguró que no es cierto que la prisión preventiva se convierta en la regla, sino más bien una necesidad en los casos de personas que tienen poder político y económico que al día de hoy mantienen influencia.
Ortiz puso como ejemplo que en la Procuraduría General de la República actualmente sigue trabajando el 98 por ciento de las personas que colaboraban en la gestión de Jean Alain Rodríguez, que está preso tras ser imputado por corrupción, por lo que, según su criterio, tienen la posibilidad de alterar pruebas y el curso de la investigación.
El caso de Jean Alain ha sido el “más doloroso”
Durante la entrevista, la fiscal Ortiz aseguró que el caso Medusa, que tiene como principal acusado al ex rocurador Jean Alain Rodríguez, ha sido el más doloroso para el Ministerio Público. “Estamos atacando a los nuestros, los platos sucios en vez de lavarlos dentro se están lavando fuera, y todo el mundo ha visto lo que pasaba en el órgano encargado de perseguir el delito”, expresó. “¿Cómo es posible que dentro de nuestra propia casa se cometieran actos de esa naturaleza?”, se preguntó.
Con relación a los imputados por actos de corrupción que están colaborando con el Ministerio Público en los casos Coral, Coral 5G, Pulpo y Operación Medusa, la fiscal indicó que el Código Procesal Penal trata esta acción como “colaborador eficaz”, por lo que tendrán un trato diferente de los procesados que niegan los hechos y obstruyen el proceso. “Estas personas dejan de presentar riesgo para la investigación, porque colaboran con ella. En nuestro sistema no existe la figura de la delación premiada, como existe en Brasil, pero sí existe el colaborador eficaz, que es lo que contempla nuestro CPP”, precisó. Dijo que ser colaborador no quita los hechos que han cometido y que vayan a tener posiblemente una sanción. “Pero evidentemente tendrá un trato distinto”, aclaró.
