La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) planteó la instalación de un Plan Nacional Integral entre los sectores que componen la vida social y económica de la nación, a fin de consolidar el Estado social y democrático de derecho tras la actual coyuntura generada por la pandemia COVID-19.
De acuerdo con FINJUS, para la instalación de dicho plan se requiere de dotar a las instituciones de mayor transparencia y mejor acercamiento a la ciudadanía, lo que significa la democratización de las tomas de decisiones.
Consideró urgente especificar cuáles son aquellas nociones que, de manera conjunta, deben ser abordadas al momento de presentar propuestas que permitan superar poco a poco las nuevas realidades que ha traído la pandemia, sin que ello vaya en detrimento de obviar asuntos pendientes de primer orden para la sociedad y el óptimo funcionamiento del Estado”.
“En ese sentido, nos hacemos eco de la ciudadanía que exige transformaciones relevantes en materia del esquema institucional actual”, consideró.
“Hacemos la anterior afirmación, la cual es consecuente con los planteamientos que hemos realizado en diferentes escenarios respecto a reformas puntuales en determinados ámbitos de la esfera pública, como lo son: el fortalecimiento del sistema de compras y contrataciones públicas; la exigencia de mayores controles que impliquen mayor transparencia en las entidades estatales; el robustecimiento de los órganos de control interno y externo del Estado; la calidad del acceso a la justicia; y el cumplimiento efectivo de los sistemas de consecuencias ante los actos de corrupción y la inobservancia de las normas”, precisa la FINJUS en un comunicado titulado “Análisis de la FINJUS de cara a un Plan Nacional Integral”, firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Recuperación económica
Al plantear la instalación de un Plan Nacional Integral, la FINJUS expresó que el sostén económico del país depende de factores que no son ajenos a la responsabilidad individual y colectiva necesaria para enfrentar adecuadamente aquellas amenazas y riesgos que se han insertado a partir de la situación sanitaria. Al respecto, indicó que coincide con diversos actores sociales en el sentido de que se requieren objetivos realistas y alcanzables de cara a la necesidad de una eventual recuperación económica como estrategia nacional de impulso a los sectores productivos.
“De modo que, los principales sectores de la economía han de ser atendidos con bastante minuciosidad. Una norma básica de desarrollo económico, además de fomentar la transparencia y la responsabilidad para erradicar la corrupción y otras prácticas que inhiben los negocios lícitos, implican la comprensión de los riesgos y los retornos del mercado”, apuntó la institución.
Pide “resignificar” la vida cotidiana de la población
Según FINJUS, toda política pública o reforma institucional ha de estar diseñada desde los elementos más esenciales que resignifican la vida cotidiana de la población. “Las preocupaciones sociales diversas sobre desempleo, pobreza, seguridad ciudadana y panorama educativo; deben tomar un rumbo único encaminado hacia propuestas concretas que permitan visibilizar actuaciones operativas en el ámbito local y nacional por parte de los poderes públicos”.
