El vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que es “crucial” que la sociedad elabore un Plan Nacional por la Seguridad Ciudadana, como han planteado diversos ámbitos jurídicos y otros especialistas.
“Si bien se ha consensuado en la necesidad de un acuerdo de esa naturaleza, aún no se han identificado los elementos prioritarios que permitan diseñar las propuestas concretas y prácticas que resulten en soluciones reales a nivel local, regional y nacional”, dice un documento de la entidad en reacción a un artículo del abogado colaborador de elCaribe, Manuel Ulises Bonnelly Vega.
Apuntó que las preocupaciones de la ciudadanía llegaron a un “punto neurálgico” que se “concentra en el mejoramiento de la dramática situación actual de la inseguridad ciudadana, expresada en actos violentos, delitos y crímenes que afectan la vida cotidiana y de las comunidades”. Aseguró que para Finjus, un Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana debe estar basado en cuatro pilares: el abordaje integral de las distintas manifestaciones de violencia; el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos; el reforzamiento de la seguridad a nivel global, municipal y comunitario y por último, la transformación de la Policía Nacional y el mejoramiento de la efectividad del sistema de justicia penal.
Resaltó que es importante que los planes de seguridad se enfrenten desde un enfoque comunitario, basado en la recuperación de los espacios públicos y el involucramiento de las alcaldías en la seguridad propia de los municipios.
“Asimismo, en lo que respecta a la violencia de género e intrafamiliar, se debe adecuar la Ley No. 24-97 para que contemple una serie de aspectos que hagan más efectivos las estrategias de prevención y control, así como el desempeño y coordinación de los agentes estatales involucrados”, agrega.
Subrayó que el Estado debe dar respuestas efectivas que superen la mera judicialización de manifestaciones de prácticas de narcotráfico, lavado de activos y crímenes transnacionales, “para evitar sus efectos derivados en la vida social”.
En lo que respecta a la transformación de las estructuras policiales o militares o involucradas en este aspecto, dice que urge redefinir las estrategias únicamente represivas que aún existen al interior de la Policía Nacional, “que provocan la desconfianza ciudadana en esta institución”. Castaños Guzmán argumentó que este pacto nacional debe incluir la seguridad con enfoque integral, “que es la condición que tiene por finalidad garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades, la gobernabilidad, la aplicación de la justicia, el ejercicio de la democracia, la reducción de vulnerabilidades, la prevención, protección, respuesta y remediación ante riesgos y amenazas”.
