Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió este martes que cualquier propuesta de abrir un proceso de reforma constitucional en medio de la crisis sanitaria y económica que vive el país sería extemporánea.
“Algunas de las sugerencias apuntan a introducir reformas en la Constitución para hacer posible la designación de un Procurador General Independiente y realizar cambios en el Ministerio Público. Pese a que el propósito que anima estas propuestas gozan de simpatía social, FINJUS advierte que en la actualidad, en medio de las agudas crisis sanitaria y económica, cualquier propuesta de abrir un proceso de reforma constitucional sería extemporánea”, indicó en un comunicado de prensa
Manifestó además que el nuevo gobierno debe definir una agenda de prioridades nacionales en las políticas, los programas y la legislación que se requiere la crisis.
Afirmó que el mejor ejemplo es cómo avanzar en el fortalecimiento técnico e independencia funcional del Ministerio Público, que es el marco desde el cual debe discutirse el nombramiento del Procurador General de la República.
“FINJUS ha abogado históricamente en este sentido, porque creemos que la democracia, el desarrollo económico y social y la convivencia pacífica están atados a la existencia de un sistema de justicia eficaz, integrado por órganos gestionados adecuadamente y coherentes con sus misiones constitucionales”, puntualizó.
Consideró que la configuración institucional en marco normativo a la figura del Procurador General de la República, la cual concentra en sí misma tres funciones primigenias que cursan objetivos distintos y que en otros ordenamientos jurídicos se pueden encontrar separados y asignados a distintos funcionarios públicos.
Por otro lado, dijo que la función que se apega en plenitud al concepto en derecho del Procurador General de la República, esto es aquel que se encarga de ejercer la representación del Estado en los procesos que se desarrollan en las Altas Cortes, por lo que es su deber presentar dictamen y sostener la representación en los juicios ante la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional.
