Miami, (EFE) – El exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios se declaró este lunes “no culpable” de dos cargos relacionados con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise, ocurrido en julio pasado en Haití, informó a Efe su abogado, Alfredo Izaguirre.
Palacios, de 43 años, enfrenta los cargos de conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y proveer apoyo material que resultó en muerte.
Izaguirre dijo a Efe que la juez a cargo del proceso, Lauren Fleischer Louis, no programó aún la siguiente audiencia.
Subrayó que durante la breve vista no solicitaron la libertad bajo fianza de Palacios, quien está detenido en una prisión federal en Miami.
El colombiano está acusado del magnicidio de Haití, por el que también está arrestado e imputado en EE.UU. el haitiano-chileno Rodolphe Jaar.
Según la Fiscalía de Estados Unidos, ambos hacen parte de un grupo de unos 20 ciudadanos colombianos y otros haitiano-estadounidenses que “participaron en un complot para secuestrar o matar al presidente haitiano”.
Desde Jamaica, a donde huyó después del magnicidio, Palacios pidió en octubre pasado hablar “voluntariamente” con las autoridades estadounidenses, que lo trasladaron después a Miami.
Según los documentos judiciales, Palacios fue contratado para brindar seguridad y participar en una operación en la que iban en principio a “arrestar” al presidente.
El colombiano detalló que la operación completa fue preparada en Haití y que la idea era “capturar” al presidente en el aeropuerto y llevarlo en un avión, pero admitió que para al menos el 6 de julio le habían informado que los planes habían cambiado a un asesinato.
El exmilitar enfrenta una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable.
La acusación alega que, el 7 de julio pasado, Palacios y otros ingresaron a la residencia del presidente en Haití con la intención y el propósito de asesinarlo.
La Fiscalía del Sur de Florida ha señalado que Palacios está acusado de “un crimen serio” y pidió a la jueza que el colombiano continúe detenido al considerar que hay “riesgo de fuga” y “peligro para la comunidad”.
