El Estudio de Condiciones de Competencia en los Procesos de Compras y Contrataciones Públicas en la República Dominicana, realizado por el departamento de Estudios Económicos y de Mercados de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), revela que la modalidad de Licitación Pública es la que menos se utiliza, pese a asegurar mejor nivel de competencia y de concurrencia en los procesos. Destaca que representó el 0.47% del total de procesos de 2020.
Los técnicos analizaron las condiciones de competencia en los procesos de compras y contrataciones públicas entre 2018 y septiembre de 2021.
El documento contiene una descripción jurídica del sistema, desde sus inicios; una caracterización económica a través del análisis de la oferta y la demanda.
Además, un análisis cualitativo-cuantitativo con indicadores de competencia con el fin de identificar factores que impiden la eficiencia y facilitan la comisión de prácticas anticompetitivas.
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Al considerar las condiciones de competencia existentes en tales procesos, el estudio observó que el porcentaje de procesos a los cuales asiste un solo oferente, sobrepasó el 66 por ciento del total para el periodo enero 2018/octubre 2020.
Conforme el análisis descriptivo del funcionamiento de los procesos de compras y contrataciones públicas, el valor anual de las contrataciones públicas se ha incrementado en los últimos años, ganando relevancia dentro del gasto total del Estado, lo cual -según los especialistas- se podría interpretar como una mejora en la transparencia de la ejecución presupuestaria del mismo.
Para 2020, se destaca, las compras y contrataciones públicas se concentraron fundamentalmente en tres tipos de procesos, en términos de montos: Licitaciones Públicas Nacionales, Procesos de Excepción y Comparación de Precios.
Resalta que el 13.74% correspondió a la contratación de servicios y el 63.32% a la compra de bienes, mientras que la contratación para concesiones de obras acumula el 22.89% del total de montos adjudicados.
El monto devengado por medio de compras públicas en 2020 ascendió a RD$107.77 millones, equivalentes a un 12.60% del gasto total del Estado y 2.75% del Producto Interno Bruto del mismo periodo, según el contenido de la investigación.
Recomienda que estas inversiones se hagan apegadas los planes anuales de compras y contrataciones de las instituciones públicas a los planes sectoriales, plurianuales, gubernamentales y con la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Plantea que con ello se lograría la canalización de todos los recursos a objetivos específicos e integrales, necesarios para mejorar las condiciones de vida de la población.
Precisa que los procesos de contrataciones públicas se concentran en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago, con una gran heterogeneidad entre las provincias del país.
En cuanto a la distribución geográfica de los proveedores registrados en la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP), estos se concentran de igual manera en el Distrito Nacional y Santo Domingo.
Los literales d y f del artículo 33 de la Ley General de Defensa de la Competencia 42 de 2008, facultan a la Dirección Ejecutivo a realizar estudios, trabajos y otras actividades de investigación y divulgación, con el fin de inducir una cultura de la competencia entre los agentes económicos del país, así como proponer al Consejo Directivo medidas y acciones que tengan por objeto facilitar la entrada al mercado de nuevos competidores; desburocratizar y modernizar la administración pública y mejorar el entorno económico para un mejor desempeño de los agentes económicos.
RECOMENDACIONES
ProCompetencia ha propuesto acciones para promover la competencia en estos procesos, en beneficio de los consumidores, entre ellas, la impulsar mecanismos de fiscalización y supervisión de las entidades contratantes en el rigor de la exactitud de la información y documentación publicada en el portal transaccional, para así disponer de datos certeros y rigurosos sobre los procesos de contratación pública en la República Dominicana.
Promover la participación de una mayor cantidad de oferentes y ampliación de plazos en las Compras por Debajo del Umbral y los Procesos por Excepción, dado que, por la propia naturaleza de estas modalidades, las mismas tienden a reducir/anular el nivel de competencia en las compras del Estado.
Incentivar la utilización de las compras conjuntas por parte de las instituciones contratantes porque, según las conclusiones del estudio, este mecanismo reduce los costos operativos y los precios a los que acceden estas instituciones son más competitivos, por el incremento de volumen que de manera conjunta pueden llegar a demandar.
Fortalecer, junto a ProCompetencia, los mecanismos de monitoreo estandarizados para la detección oportuna de acuerdos colusorios entre los oferentes y potenciales oferentes.
Acciones que se han iniciado con la participación de ambas instituciones en mesas técnicas en el marco de colaboración para fortalecer el sistema de monitoreo que posee la DGCP, así como las herramientas de investigación de PC a fin de detectar prácticas contrarias a la Ley núm. 42-08.
