Managua, 21 jun (EFE).- Estados Unidos sancionó este viernes a cuatro nuevos funcionarios del “círculo interno” del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quienes acusó de perseguir a los ciudadanos de su país, promulgar leyes represivas, silenciar medios de comunicación y negarles atención médica.
Los cuatro funcionarios son el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) y líder sindical, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; el ministro de Transporte e Infraestructura, mayor general en retiro Óscar Mojica; y el titular del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo.
El Departamento de Tesoro de EE.UU. sancionó a la esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo; así como a su consuegro Francisco Díaz y jefe de la Policía Nacional; y a Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos de la pareja presidencial.
Otros allegados a Ortega sancionados son el asesor de seguridad nacional del mandatario, Néstor Moncada Lau; el tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López; el expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas; y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
El 20 de diciembre pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la “Nica Act” que impone sanciones individuales a miembros del Gobierno de Ortega, además de limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales como los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
– Gustavo Porras. El legislador oficialista Gustavo Porras, de 64 años, fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional por un período de dos años el 9 de enero de 2017 y reelegido por dos años más en enero pasado.
Es secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) desde 1984; miembro honorario de la Asociación de Médicos Internistas de la República de Cuba; miembro del Consejo Sandinista Nacional y desde 2002 ha sido electo diputado nacional.
Estados Unidos lo señala como el operador político más importante del presidente Ortega, y que ejerce un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Salud, con la aprobación de la vicepresidenta Murillo (sancionada).
Bajo su mandato, el Parlamento promulgó una ley de amnistía que condicionalmente perdona a las personas que participaron en las protestas, pero también a los policías y combatientes de la policía que participaron en la violenta represión del Gobierno de Ortega contra los manifestantes.
– Sonia Castro. Es una gineco-obstetra que fue nombrada ministra de Salud en marzo de 2010.
El Ministerio de Salud es una entidad que es señalada por diversos sectores, incluidos médicos de los hospitales públicos, de haber cometido violaciones significativas de los derechos humanos y actos de violencia, en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018.
El Ministerio de Salud rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión violenta del régimen, lo que exacerbó las lesiones e incluso condujo a la muerte, debido a la falta de atención médica.
El personal del hospital recibió órdenes de denunciar a los manifestantes admitidos a los parapolicías que los sacaron de los hospitales, lo que provocó desapariciones forzadas.
El Ministerio de Salud amenazó a los trabajadores de la salud y despidió a cientos de personal médico que atendió a los manifestantes.
– Óscar Mojica. El mayor general del Ejército de Nicaragua en situación de retiro es actualmente ministro de Transporte e Infraestructura. Tras pasar a retiro fue nombrado presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
Es fundador del Ejército Popular Sandinista en 1979, ahora Ejército de Nicaragua, y fue jefe del Estado Mayor -el segundo cargo en jerarquía en esa institución-, y jefe del Instituto de Previsión Social Militar, el brazo financiero del Ejército, y en su carrera militar, de 38 años, tuvo estudios en España y Cuba.
En la televisión nacional, según EE.UU., Mojica promovió la estrategia de “exilio, cárcel o muerte” del régimen de Ortega para silenciar a la oposición, una política que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas encarceladas, llevadas al exilio o desplazadas internas.
Además, según Estados Unidos, Mojica administra una parte significativa de las finanzas personales y oficiales del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo, incluidas inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros.
El mes pasado formó parte de una delegación de alto nivel del Gobierno de Nicaragua que participó en dos importantes foros que se desarrollaron en la ciudad de Macao, China, que incluyó a Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y también sancionado por EE.UU.
– Orlando Castillo. Es el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y bajo su administración autorizó a la agencia espacial de Rusia hacer uso de 24 satélites, más cuatro de reserva, para explorar y utilizar el espacio ultraterrestre de Nicaragua con el objetivo de obtener una base de datos en materia científica, industrial y de clima y atmósfera.
Según Estados Unidos, Telcor es una entidad que amenaza la paz, la seguridad y/o la estabilidad de Nicaragua.
El presidente Ortega y Castillo han utilizado Telcor para silenciar a los medios independientes, incluido el canal de televisión 100 % Noticias, según Washington. EFE
