El Departamento de Estado acusa al Gobierno de limitar la prensa, tortura y ejecuciones extrajudiciales
Estados Unidos acusó al Gobierno de limitar la independencia del Poder Judicial para conocer y sancionar actos de corrupción, así como practicar tortura y otras violaciones de los derechos humanos.
De acuerdo con el Informe 2019 sobre Práctica de Derechos Humanos elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, “El gobierno no respetó la independencia judicial y la imparcialidad. La influencia inadecuada en las decisiones judiciales fue generalizada. La interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida. El Poder Judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del Poder Judicial es un problema grave”.
Sobre la corrupción gubernamental, el informe señala que “La ley establece sanciones penales por corrupción por parte de funcionarios; sin embargo, el gobierno no implementó la ley de manera efectiva, y los funcionarios frecuentemente participaron en prácticas corruptas con impunidad”. “La corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y una queja pública”, apunta.
Cita específicamente el caso de los sobornos por US$92 millones en pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos.
Asimismo recuerda que en junio un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que, además de los US$92 millones informados públicamente en sobornos, Odebrecht distribuyó otros US$39.5 millones en incentivos durante la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina.
Al respecto observa que “después de que este informe se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó cargos adicionales. El fiscal general y una comisión designada por el Gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de la planta”.
Ejecuciones y torturas
El informe indica que en 2019 hubo más de 70 ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional, y que “Aunque la ley prohíbe la tortura, las palizas y el abuso físico, hubo informes de que miembros de la fuerza de seguridad, principalmente policías, llevaron a cabo tales prácticas”.
“La NHRC (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) informó que la policía utilizó varias formas de abuso físico y mental para obtener confesiones de sospechosos detenidos. Según la NHRC, los métodos abusivos incluían cubrir las cabezas de los detenidos con bolsas de plástico, golpearlos con mangos de escoba, obligarlos a permanecer de pie durante la noche y golpearlos en los oídos con puños enguantados o espuma de muebles dura para no dejar marcas”, dice el informe.
Señala que el hacinamiento fue un problema en las cárceles del antiguo modelo penitenciario, e hizo énfasis en La Victoria, que fue construida para 2,011 reclusos y actualmente alberga a 7,758.
Libertad de prensa
El informe precisa que en sentido general se hicieron críticas al Gobierno de manera pública y privada sin que se produjeran represalias, pero que en varias ocasiones se limitó el ejercicio periodístico
Aunque sin citar el nombre de Marino Zapete, el Departamento de Estado dijo que “en septiembre, un programa de noticias de televisión presentado por un conocido periodista fue cancelado dos días después de presentar un informe de investigación alegando que la hermana del fiscal general recibió contratos gubernamentales sin licitación por valor de 750 millones de pesos ($ 15 millones), posicionándola como la única proveedora de asfalto productos al gobierno. El programa demostró que en el momento en que se firmaron los contratos, la hermana estaba cobrando un salario como empleada del Ministerio de Obras Públicas.
También afirma que “los periodistas practicaron la autocensura, particularmente cuando la cobertura podría afectar negativamente los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios”, a la vez que sostiene que “El gobierno influyó en la prensa a través de contratos publicitarios”.
Denuncia deportaciones ilegales de haitianos
El informe del Departamento de Estado dice que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció casos de migrantes haitianos y sus hijos, así como de personas percibidas como tales, detenidos y deportados porque las autoridades no les permitieron recuperar documentos de inmigración o ciudadanía de sus residencias. “También hubo informes de deportaciones de niños no acompañados y de deportar a mujeres que dejaron a niños atrás. Los representantes de la organización de la sociedad civil dijeron que algunas deportaciones consistían en llevar a personas a través de la frontera sin ningún registro de hacerlo. La OIM informó que la Dirección General de Migración se refirió a estos casos como devoluciones o no admitidas”, y que no existe un debido proceso para las deportaciones.
Reacción
El canciller Miguel Vargas reaccionó diciendo que próximamente se referirá al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en el país. Observó que no ha estudiado el informe que acusa al gobierno de prácticas corruptas, tortura y coartar la libertad de prensa.
