Madrid.- Una reforma legal en España pretende que unos 15.000 menores y jóvenes inmigrantes no queden desprotegidos al cumplir la mayoría de edad, ya que ahora muchos se ven abocados a una situación de irregularidad sin permisos de residencia ni trabajo.
La reforma de la ley de Extranjería que plantea el Ministerio de Migraciones del país propone rebajar los requisitos para obtener esos permisos y que miles de jóvenes no queden en situación irregular al cumplir 18 años, pues hasta esa edad cuentan con leyes que los protegen.
El ministro español de Migraciones, José Luis Escrivá, anunció este sábado en Twitter este cambio legal ayudará a “la inclusión de 8.000 menores y 7.000 jóvenes extutelados”.
La finalidad de esta reforma es “suprimir los obstáculos que impiden” la documentación del menor tutelado y diseñar un régimen propio de residencia para cuando llegan a la mayoría de edad, de manera que no se les aplique, como ocurre en la actualidad, las reglas de la residencia no lucrativa previstas para “otros fines distintos alejados de la situación de estos jóvenes”, según el borrador del cambio legal.
Migraciones plantea rebajar gran parte de los requisitos exigidos a los jóvenes extranjeros tutelados, reduciendo los plazos fijados para obtener la residencia y los requisitos económicos, aumentando la vigencia de esos permisos de residencia y facilitando el acceso a un empleo.
“La falta de documentación de estos menores plantea, en la práctica, importantes dificultades no solo mientras mantienen esta condición sino, especialmente, en el momento en el que cumplen los dieciocho años y acceden a la mayoría de edad. Estas dificultades inciden de forma negativa en su inclusión e integración en la sociedad”, remarca el borrador.
La situación de estos menores extranjeros no acompañados, conocidos en el país como “menas”, está en el debate político en España con polémicas como un cartel electoral del partido de ultraderecha Vox que asegura que su acogida en centros públicos cuesta diez veces más que la pensión que recibe un jubilado español, que ha sido denunciado en los tribunales por incitar al odio contra un colectivo vulnerable.
