CARACAS — Luego de más de cuatro horas de protesta a la entrada de un cementerio al este de Caracas, familiares de los siete integrantes del grupo rebelde liderado por el expolicía venezolano Oscar Pérez, que fallecieron a inicios de semana en una operación de las fuerzas de seguridad, lograron ingresar al camposanto y se aglomeraron en los alrededores de las tumbas de José Díaz Pimentel y Abraham Agostini, donde entre llantos entonaron el himno nacional y colocaron una bandera venezolana para honrarlos.
La diputada opositora Adriana Pichardo dijo el sábado a un portal local de noticias que los cuerpos de cuatro de los miembros del grupo fueron trasladados en avión hacia los estados occidentales de Táchira y Zulia para su entierro.
“¿Quién le dijo a ustedes que yo quería que trasladaran a mi hijo para allá. Yo lo quiero es conmigo, conmigo es que yo lo quiero para enterrarlo donde yo quiero?”, dijo horas antes la madre de Pérez luego que se difundiera una declaración de una tía del expolicía en la que expresó que se estaba trasladando al cementerio para ubicar el cuerpo de su sobrino.
Aminta Pérez dio esta declaración a través de un video que difundió en Twitter. Horas antes se dio a conocer que Pérez murió de un disparo en la cabeza.
De acuerdo con una legisladora de la oposición, el tiro abre la posibilidad de pensar en un ajusticiamiento.
Más temprano, Aura Pérez, tía del expolicía, dijo a un portal de noticias que su sobrino fue sacado sin su autorización de la morgue y llevado a un cementerio para enterrarlo en privado.
Según la autopsia de Pérez, que fue difundida por medios locales, la causa de la defunción fue un “traumatismo craneoencefálico severo (…) herida por arma de fuego disparado a la cabeza”.
Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre la causa de la muerte de Pérez y las otras seis personas, entre ellas una mujer, que perecieron el lunes pasado durante un enfrentamiento con militares y policías. La operación ocurrió en la barriada pobre de El Junquito, al oeste de la capital, donde el expolicía estaba escondido.
“Hay un patrón que anuncia la posibilidad de un ajusticiamiento”, declaró Solorzano a The Associated Press. Precisó que ese elemento será incluido en el informe que está preparando la comisión parlamentaria.
Amnistía Internacional y otras organizaciones humanitarias han condenado la operación en la que murió Pérez y sus compañeros y han denunciado que las siete personas habrían muerto en una “ejecución extrajudicial” a pesar de haber anunciado su rendición tras ser descubiertos por las autoridades en el lugar donde estaban escondidos en el Junquito.
La muerte de Pérez, de 36 años, y sus seis acompañantes fue confirmada esta semana por el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, quien identificó el grupo como “célula terrorista”. En la operación de desmantelamiento del grupo murieron dos policías, uno de ellos vinculado al grupo prooficialista “Tres raíces”, y otros ocho resultaron heridos.
Pérez se dio a conocer a mediados del año pasado tras atacar, desde un helicóptero que robó a la policía judicial, las sedes del Ministerio de Relaciones Interiores y el Tribunal Supremo de Justicia.
Seis meses después, el expolicía —que envió varios mensajes a través de las redes sociales para llamar a una rebelión contra el gobierno— y algunos miembros de su grupo asaltaron un comando de la Guardia Nacional, a las afueras de la capital, y robaron unos 26 fusiles. Tras esa acción el presidente Nicolás Maduro ordenó a las fuerzas de seguridad intensificar la búsqueda y captura del grupo de Pérez, acción que se concretó el 15 de enero.
