El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió el Informe anual de Derechos Humanos correspondiente al año 2020, que contempla datos sobre el respeto de los gobiernos a los derechos civiles, políticos y laborales reconocidos internacionalmente en el mundo.
En el caso de República Dominicana, el documento apunta que entre los problemas de derechos humanos más importantes se encuentran: denuncias de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno; tortura por parte de la Policía y otros agentes gubernamentales; condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida y detenciones arbitrarias.
Problemas “graves” con la independencia del Poder Judicial durante el 2020
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó que durante el 2020 hubo problemas “graves” con la independencia del Poder Judicial en República Dominicana, injerencia arbitraria en la vida privada, difamación penal de periodistas individuales, corrupción grave del gobierno, tráfico de personas y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.
Entre las violaciones a esa autonomía judicial, el informe relata “los enjuiciamientos selectivos hasta la desestimación de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida”.
“El Poder Judicial desestimaba habitualmente casos de corrupción de alto nivel”, indicó el documento dado a conocer la tarde de ayer por la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, parte que se encuentra en el acápite “e” titulado “Privación de un juicio público justo”.
En el informe se señaló de igual manera, que la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), informó que la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se producía cuando las autoridades se negaban a aceptar mandatos de habeas corpus para liberar a los detenidos.
“La corrupción del poder judicial fue un problema grave”, acotó el Departamento de Estado de EE.UU.
Sobre los juicios
El informe subrayó también que la ley establece el derecho a un juicio justo y público, “sin embargo, el Poder Judicial no siempre hizo valer este derecho”.
“En ocasiones, los tribunales superaron el plazo máximo establecido por la ley para fijar las fechas de las audiencias”, indicó.
Otras de las observaciones del Departamento de Estado de EE. UU. es la referente a la poca cantidad de defensores públicos que tiene el país, citando una declaración de la ONDP que dijo que eran insuficientes.
“Los acusados tienen derecho a estar presentes en su juicio y a consultar con un abogado en el momento oportuno. Los indigentes tienen derecho a un defensor público, pero el director de la ONDP declaró que el número de defensores públicos era insuficiente”.
Elecciones y participación política
En el apartado en donde toca el aspecto de las elecciones y la participación política, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos hace alusión a las suspendidas elecciones municipales del 2020.
“La JCE suspendió la elección debido a la falla del sistema de votación electrónica. Según informes posteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la falla se debió a la mala gestión del sistema electrónico por parte de la JCE, incluyendo la falta de auditoria e implementación gradual”, narra el documento.
Reseñan, además, que el informe de la OEA llevó a la destitución del director nacional de Informática de la JCE.
“En marzo, los votantes participaron en elecciones municipales reprogramadas. Los observadores nacionales e internacionales describieron las elecciones reprogramadas como mayormente libres y justas”.
Al referirse a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de República Dominicana, el informe apunta que la OEA y los observadores domésticos notaron campañas políticas ilegales generalizadas fuera de sitios de votación, indicaciones de compras de votos, falta de transparencia financiera de parte de los partidos políticos y los candidatos, y el uso ilícito de los fondos del Estado durante la campaña y que “la mayoría de los crímenes electorales no fueron procesados”.
Corrupción y falta de transparencia en el gobierno
“La ley establece sanciones penales por corrupción cometida por funcionarios. El gobierno no implementó la ley de manera efectiva y los funcionarios con frecuencia se involucraban en prácticas corruptas con impunidad”, así inicia este apartado el documento que agrega, que la Procuraduría General investigó a funcionarios presuntamente corruptos.
El estudio apuntó en este contexto, que los representantes de ONG dijeron que el mayor obstáculo para que las investigaciones fueran efectivas era la falta de voluntad política para enjuiciar a personas acusadas de actos de corrupción, en particular a personas bien conectadas o que fueran funcionarios o políticos de alto nivel.
“La corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y un clamor público”, dice el informe.
Señala la pieza que en cumplimiento de su promesa de campaña de nombrar un procurador independiente, el presidente Luis Abinader nombró a Miriam Germán como procuradora general.
Luego de su nombramiento, la magistrada Germán agregó 19 nuevos miembros a la Fiscalía Especializada en Corrupción Administrativa.
Informe resalta cambio de Administración en RD
El documento emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, resalta que en el 2020, la República Dominicana tuvo un cambio de gobierno> “Hasta el 16 de agosto gobernó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con Danilo Medina como presidente, mientras que el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió el Ejecutivo a partir de esa fecha. Luis Abinader es el actual mandatario”, reseña uno de los párrafos del informe.
