Jurista dice Presidente no tiene que asistir personalmente; Frente Amplio busca anular licitación Plan Social
El Tribunal Superior Electoral (TSE) conocerá hoy a las 10 de la mañana una acción de amparo interpuesta por el Frente Amplio contra el presidente Danilo Medina y la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, por violentar alegadamente, la resolución 33-2019 de la Junta Central Electoral (JCE), que regula la participación de funcionarios en las elecciones.
El Frente Amplio busca con esto que el TSE ordene la suspensión de tres procesos de licitación convocados por el Plan de Asistencia Social de la Presidencia por un monto de RD$946,301,188 para la adquisición de electrodomésticos, alimentos y material de construcción, porque violenta el derecho a los candidatos de participar en igualdad de condiciones.
El secretario general del Frente Amplio, Dionicio Rodríguez informó ayer que citaron mediante un acto de alguacil, al presidente Medina y a Guaba, luego que el TSE autorizara a esa organización política a proceder con la citación.
Sin embargo, a juicio del abogado constitucionalista, Jaime Rodríguez, eso no quiere decir que se esté citando a comparecer personalmente al Presidente de la República, sino que éste puede comparecer a través de sus abogados.
“El presidente de la República enviará a su abogado o la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo mandará su abogado. Eso no es una comparecencia personal, es simplemente una notificación de citación a audiencia y él comparece a través de sus abogados”, sostuvo al ser consultado por elCaribe.
Añadió que en caso de que el mandatario o sus abogados no asistan, tampoco significa que es desacato a las autoridades.
“Si él no asiste ni van los abogados, no es ningún desacato. Lo que sucederá es que si la citación es correcta, la audiencia se conocerá sin la presencia de las partes, porque en materia de acción de amparo no se suspende por la incomparecencia de una de las partes si está correctamente citada”, puntualizó.
Sobre el amparo
De acuerdo con la Ley 137-11 del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, los tribunales o jurisdicciones especializadas, deberán conocer acciones de amparo, cuando el derecho fundamental vulnerado guarde afinidad o relación directa con el ámbito jurisdiccional específico que corresponda a ese tribunal especializado.
La Ley 137-11, señala en su artículo 77 que una vez reciida la acción de amparo, el juez apoderado dictará auto en un plazo no mayor de tres días, autorizando al reclamante a citar al presunto agraviante a comparecer a la audiencia que tendrá lugar para conocer de los méritos de la reclamación.
Asimismo, en el artículo 78, dice que “la fecha de dicha audiencia deberá señalarse expresamente en el auto a ser dictado por el juez y deberá celebrarse en un plazo no mayor de cinco días, resultando indispensable que se comunique al presunto agraviante, copia íntegra de dicho auto, del escrito contentivo de la acción de amparo, de los documentos y piezas que fueron depositados junto al escrito, así como la indicación de las demás pruebas que pretenden hacerse valer, con mención de su finalidad probatoria”.
“Funcionarios deben rendir cuentas”
El secretario general del Frente Amplio, Dionicio Rodríguez sostuvo que la citación es para que “aclaren por qué están solicitando más de 66 millones de pesos en materiales de construcción, cuando ese renglón no está previsto en el Gabinete de Política Social”.
El dirigente político cuestionó que el Plan Social licitara 500 millones en estos momentos cuando para todo el año se contempla 1,037 millones, es decir el 47 por ciento del presupuesto del año completo.
Piden al procurador investigar compras del Plan Social
El Manifiesto por un Sistema Electoral Transparente solicitó ayer al procurador general de la República que ordene investigar “innumerables hechos graves” sobre delitos electorales, incluyendo la licitación del Plan de Asistencia Social.
En una carta depositada ante la Procuraduría General de la República, el Manifiesto indica que “hasta ahora percibimos cierta pasividad e indiferencia de parte del Ministerio Público frente a estos delitos flagrantes, lo cual podrían contribuir a la multiplicación y expansión de los mismos por efecto de la impunidad”.
Consideran, además, que esto podría contribuir a deslegitimar los procesos electorales a celebrarse este próximo domingo 16 y el 17 de mayo.
En el documento, el manifiesto solicita que se investiguen varios casos y que se realicen acciones concretas para “perseguir, instruir y formalizar acusación respecto de los innumerables hechos graves, flagrantes y ostensibles que a diario se están presentando, los cuales violan la Ley Orgánica del Régimen Electoral y constituyen delitos electorales”.
Entre ellos citaron las licitaciones del Plan Social a menos de 30 días para las elecciones municipales y amenazas de funcionarios públicos y legisladores a los empleados públicos para que participen en labores proselitistas y que voten de determinada forma.
Guillermo: ¿ Iris Guaba cree que somos suecos?
El candidato presidencial por Alianza País, Guillermo Moreno expresó que las ayudas entregadas desde los programas sociales deben ser concedidas a los ciudadanos sin discriminación por su simpatía política y otorgadas por la condición que posea el beneficiado, en vez de ser brindadas como dadivas en tiempos de elecciones.
“Iris Guaba cree que somos suecos, aquí somos dominicanos y nos conocemos. Ella y el país completo saben que esa inversión millonaria a 10 días un proceso electoral no es casual, y mostrar un artículo donde define tal compra como función de la organización es solo palabrerío”. Moreno señaló la prohibición de la ley a utilizar recursos del Estado en medio de un proceso electoral para condicionar el voto. Los candidatos a diputados por AlPaís, José Horacio Rodríguez y Eric Ortiz, entregaron ayer una carta al Plan Social donde piden a Guaba que renuncie de la institución.
