El Ministerio Público depositó anoche ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medidas de coerción a los militares que fueron detenidos durante la Operación Coral 5G.
Representantes del órgano acusador llegaron aproximadamente a las 9:30 de la noche al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con al menos cinco cajas que contienen los expedientes de los 10 militares detenidos, entre ellos tres generales, acusados de corrupción administrativa durante sus funciones.
Según las autoridades, la presunta red del entramado de corrupción administrativa desmantelada vía las operaciones Coral y Coral 5G, movió al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros.
Defensa dice es un “Circo mediático”
Los arrestos realizados por el Ministerio Público contra altos mandos militares han sido criticados por abogados defensores quienes han calificado la acción como un “circo mediático” e innecesario.
El abogado del general Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), aseguró ayer que su cliente “si se hubiera querido fugar lo hubiera hecho”, y que por el contrario siempre estuvo a las órdenes de las autoridades.
Cándido Simón, quien se identificó como representante de Torres Robiou, apresado durante la Operación Coral 5G, dijo que no tiene sentido que el Ministerio Público solicite la imposición de prisión preventiva contra el general ya que no tuvo, durante las investigaciones, una actitud evasiva. Dijo que el pasado miércoles el general fue citado a la Procuraduría y que desde las 6:00 p. m. y hasta las 12:00 a. m. estuvo respondiendo preguntas y explicando el origen de sus bienes, el cual dijo es lícito.
El jurista explicó que Torres Robiou tenía, además de los ingresos asignados por ley, otras actividades que le generaban ganancia, como lo era pilotar de manera privada y que su familia tiene empresas de haciendas.
Sobre el tema de un apartamento comprado en Samaná que dice el Ministerio Público fue adquirido por Torres Robiou a través de la pastora Rossy Guzmán (presa en Najayo desde mayo por el mismo caso), Simón aseguró que el mismo nunca ha sido del general.
“Es piloto de avión de alta gama, de helicóptero, si se hubiera querido ir seis meses después para ocultar evidencias lo hubiera hecho y no lo hizo. ¿Para qué prisión preventiva? Desde mi punto de vista no creo que un juez dicte prisión preventiva de alguien que ha mostrado un comportamiento de la investigación de no evasión”, manifestó.
Defensa del general Boanerges
Waldo Paulino, abogado del general Boanerges Reyes Batista, exsubjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y el capitán de navío Franklin Mata Flores, exdirector de avanzada del Cusep, dijo que todos estos apresamientos son un “circo mediático” que ha hecho la Pepca.
Cuestionó que los militares fueran apresados ahora y no en mayo cuando se destapó el caso Coral, que ha llevado a la cárcel al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep. “Si el Ministerio Público, según su investigación, entendía que hay más personas involucradas, ¿por qué no lo metieron en la Operación Coral?, ¿por qué ahora Coral 5G?, ¿es que son cinco generales? Faltará un general porque hay cuatro arrestados”.
El togado indicó que les violaron sus derechos a sus defendidos al ser apresados en ausencia de un abogado.
Se han ocupado unas 125 propiedades
De acuerdo al Ministerio Público, a la red, integrada por oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se le ocupó hasta el momento unas 125 propiedades.
Además del exjefe del Cestur, Juan Carlos Torres Robiou y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana, también están bajo arresto el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la FARD.
Asimismo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez , así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle. La Operación Coral 5G incluyó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que los imputados realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
