Será el próximo lunes cuando la jueza Cecilia Toribio dé a conocer su decisión de si impone o no prisión preventiva a los siete implicados en el denominado caso FM, acusados de integrar una red de lavado de activos producto del narcotráfico.
Este jueves, la magistrada, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, concluyó con el conocimiento de la audiencia de medida de coerción, donde el Ministerio Público presentó los cargos contra Juan Pérez Tejada, su padre, Juan Pérez de la Rosa, exdirector de Migración de Santiago; su esposa, Anabel Sánchez; así como para Dyna Noguera, la exdiputada Gladis Azcona y sus hijos Ramluis Mejía y Rolando Reyes.
Durante la vista, el Ministerio Público solicitó a la jueza que les impongan preventiva al considerarla la más idónea por el peligro de fuga y la gravedad de los supuestos hechos cometidos en la red del crimen organizado.
Pidió, además, que este caso se declare de tramitación compleja, que de acogerse, tendrían más tiempo para seguir investigando el proceso.
De su lado, las defensas de cada imputado presentaron sus alegatos a la jueza, quien ahora analizará lo dicho por ambas partes para tomar una decisión.
Los imputados están detenidos desde el pasado 10 de marzo, cuando la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, pusieron en ejecución la denominada Operación FM.
En el operativo se realizaron diez allanamientos en Santiago, Santo Domingo Este y Punta Cana, y se ocupó más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
Unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado dominicano estuvieron a cargo de la operación que contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.
El caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
