La junta no respondió de inmediato a los comentarios de Rosselló, efectuados apenas horas después de que éste envió el domingo una carta a la junta en la que delineó por qué no implementará esos y otros cambios.
“El pueblo de Puerto Rico, tras el paso del huracán María, ha sufrido mucho en términos de reducción de los servicios del gobierno y pérdida económica”, dijo Rosselló en la misiva. “Ahora la junta está tratando de imponer recortes adicionales a las prestaciones y jubilación de los empleados del gobierno en el peor momento posible, cuando Puerto Rico trata de recuperarse”.
La tormenta de Categoría 4 causó más de 100.000 millones de dólares en daños cuando azotó la isla el 20 de septiembre, en un momento en que lidiaba con una severa crisis económica y la restructuración de una porción de su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares. Unos 80.000 usuarios siguen sin electricidad más de seis meses después del paso del huracán.
José Luis Cedeño, vocero de la junta, no respondió a una solicitud de comentarios.
La junta tiene autoridad para aprobar su propio plan fiscal con los cambios que quiere, pero Rosselló dijo que no tiene el poder para obligar a su gobierno a implementarlos.
“De certificarse algunas de esas medidas, no le vamos a dar paso”, afirmó.
Rosselló presentó inicialmente una propuesta de ley de reforma laboral a los legisladores de Puerto Rico que habría eliminado las bonificaciones navideñas y aumentado el salario mínimo de 7,25 dólares la hora a 8,25 dólares para el 2021, entre otras cosas. Pero la semana pasada retiró la propuesta en respuesta a las demandas de la junta.
Rosselló criticó además una carta enviada a la junta la semana pasada por el representante republicano Bob Bishop, que preside la comisión de recursos naturales de la cámara baja. Dijo que la misiva estaba llena de errores y parecía que el gobierno estadounidense estaba más interesado en ayudar a los acreedores a obtener parte del dinero que invirtieron en bonos municipales locales que en ayudar a los puertorriqueños a recuperarse.
Un portavoz de Bishop no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Bishop dijo en su carta del 29 de marzo que se sentía frustrado con la “incapacidad y falta de voluntad” de la junta para llegar a un acuerdo consensual de restructuración con los acreedores y lo que llamó “falta de respeto” a los requerimientos de los legisladores en torno al plan fiscal de Puerto Rico.
En el 2016, el Congreso aprobó una ley que llevó a la creación de la junta, que también está a cargo de supervisar la restructuración de la deuda de la isla.
