El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) informó este jueves que la sentencia Número 030-02-2018 del Tribunal Superior Administrativo -TSA- determinó que la Oficina Nacional de la Defensa Pública incurrió en violaciones fragrantes en contra de los derechos fundamentales de los defensores públicos.
El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, dijo que el recurso de amparo fue interpuesto por la Asociación de Defensores Públicos con el apoyo de Colegio de Abogados.
En un comunicado, informó que con esta sentencia el TSA reconoce el derecho que tienen los defensores públicos a exigir un salario digno.
Explicó que al comenzar el año más de una veintena de defensores públicos fueron sometidos a juicios disciplinarios por la doctora Laura Hernández y sus coordinadores, acusándolos de faltar a sus trabajos mientras estos reclamaban de manera pública mejoras en sus salarios y condiciones laborales.
Dicha sentencia fue notificada a la Asociación de Defensores Públicos este 20 de junio, que también ordenó a la Oficina Nacional de Defensa Publica “el cese de las persecuciones e investigaciones disciplinarias iniciadas en contra de los defensores públicos motivada por el paro de labores llevada a cabo el 14 de diciembre del pasado año 2017.
Surun Hernández indicó que esta sentencia es una muestra más de que la lucha que ha emprendido el gremio está dando resultados.
Advirtió que el CARD no permanecerá de brazos cruzados mientras a los abogados se les está violentando los derechos fundamentales, mientras se les este persiguiendo, mientras estén desde una institución del Estado tratando de conseguir nuestra desaparición.
Miguel Surun Hernández anunció que el CARD continuará la lucha inquebrantable en defensa de los mejores intereses de la abogacía nacional y del país.
Otros recursos
El Tribunal Superior Electoral conoció este jueves 21 de junio del 2018 dos recursos de amparo sometidos por el Colegio de Abogados de la República Dominicana y la Asociación Dominicana de Defensores Públicos a través de los cuales buscan el cumplimiento a la Ley 277 que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública para lograr que la Defensa Pública llame a concurso para elegir nuevas autoridades, ya que la actual gestión venció el pasado 8 de marzo.
Informó que el artículo 20 de dicha Ley plantea que el director puede permanecer por dos periodos y Laura Hernández Román ya fue electa por dos periodos y los mismos ya concluyeron, por lo que su permanencia en el cargo es contra la Ley.
